Se decía en tiempos que la Justicia debía sostener la vida social, incluso nos contaban que en la Biblia había ejemplos sublimes; como aquel juicio de Salomón que a punto estuvo de partir una criatura en dos, ante las reclamaciones de dos presuntas madres. Me gusta más, y me la aplico en este artículo aquello que predicaba Cicerón sobre la justicia. Más o menos decía que todo lo que de verdad es honesto tiene que proceder de la interacción entre la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Lo que, a mi modo, interpreto que esa honestidad –qué palabra/idea tan vivencial que por mi parte aplico tanto a la sociedad como a una persona- se asienta en cuatro nociones lógicas. Me digo que si la prudencia manda es más fácil llegar a la sabiduría aplicada. En este supuesto, la intención de los actos individuales y colectivos debería estar siempre guiada por una búsqueda de la verdad, en un proceso en donde mande la honestidad. Pero no solo, también en la comprensión de un cierto orden de funcionamiento de la convivencia y de la respetabilidad. Si así sucede, las muchas derivadas que conforman la vida contribuirán al bien colectivo, que no debe ser otra cosa que la transición hacia una mejor sociedad, sin tantas desigualdades. Lo traigo como preámbulo de lo que voy a intentar desarrollar después.
De un tiempo a esta parte observamos que aumentan las denuncias sobre agresiones al medioambiente. Algo se ha avanzado. Mejores tiempos que el pasado reciente en donde se suponía que el entorno –así se delimitaba a veces- no era sujeto de derecho, sino el un simple lugar de esparcimiento o fuente de recursos. Intuimos nuestra incapacidad de prever las repercusiones que esto tendrá en nuestros hijos y nietos, receptores y deudores de un medioambiente complejo, de deseada calidad contrastada. A fecha del verano de 2025, plagado de incendios y otras tropelías, mal horizonte divisamos. Siempre que pensamos en el futuro, no sé la razón, se nos interpone el genocidio de Gaza. Tendré que descubrir las capacidades, pero por ahora volvamos al medio natural.
Hagamos un poco de revisión histórica. Desde la Cumbre de la Tierra de la ONU de 1992, por poner una fecha histórica, el planeta se está sobrecalentando debido a que un nutrido número de países, la mayoría ricos, y sus gentes han quemado cantidades masivas de petróleo, carbón y gas. Ante esta causalidad, los países más vulnerables al cambio climático, la mayoría pobres, argumentan que los países ricos deberían pagar a los países pobres por el daño que sufren. Es pura justicia, de la cual Cicerón estaría orgulloso seguramente. Y además habrán de reparar en lo posible sus agresiones a la vida de todos. No partimos de cero. LSE (The London School of Economics and Politicas Science) publicaba, a finales de junio de 2023, “Tendencias mundiales en litigios relacionados con el CC: panorama de 2023”. Cabe citar también a Oxfam y sus informes anuales. El de los años 2023/24 se titula “Justicia climática”. Cómo no hablar de “Lawyers are responsabile”, un grupo de estacados abogados británicos que se niega a intervenir en procesos de defensa de las energéticas del combustibles fósil y, por otro lado, a poner su experiencia y profesionalidad en defender a quienes han sufrido represalias judiciales por sostener el derecho universal a respirar un aire saludable.
Subrayemos también que conocemos algunos ejemplos para esperanzarnos, no muchos porque estos asuntos siempre van lentos. En primer lugar debemos citar el fallo “climático” del Tribunal Internacional (CIJ) de la Haya de julio pasado. En lo que muchos hemos visto como juicio climático del siglo, por más que se tratase realmente de una opinión consultiva. Expresa con claridad que los estados están «legalmente obligados» a cooperar para frenar la crisis climática. No habla de que firmen nuevos protocolos. Dictamina, por unanimidad, que, dada la situación ecosocial en la que nos encontramos, los países están obligados por ley a reducir emisiones, deben frenar el aumento global de las temperaturas y, en general, organizar la vida para proteger a la ciudadanía ante el muy probable incremento de los desastres climáticos y sus afecciones a la sociedad. Pero además, dictamina que los estados deben hacer frente a las
pérdidas y daños generados. En parecidas posturas se han manifestado un número creciente de tribunales internacionales -desde el Tribunal Internacional del Derecho del Mar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos-. Esto habrá de suponer, según los expertos, que el fallo incrementará las demandas ya en curso, que según Covering Climate Now alcanzan ya la cifra de 3.000.
La justicia ecosocial se despereza. A mitad de abril de 2024 conocimos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido un fallo innovador ante una demanda de un grupo de mujeres suizas contra su gobierno. El ECHR (European Court of Human Rights, por sus siglas en inglés) comprobó que Suiza violaba reiteradamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos por algo tan evidente, allí y en otros países, de no esforzarse en cumplir con sus deberes de combatir el cambio climático. Pero no solo eso, el tribunal también marcó un itinerario para que otras organizaciones presenten demandas similares. Sin embargo, el mismo tribunal inadmitía la denuncia de cuatro solicitantes individuales que no cumplían los criterios de condición de víctima. En otros casos, los motivos de inadmisión eran defectos de forma en la presentación. ¡Cuesta tanto hacer caso a las personas no amparadas por empresas o instituciones!
Digamos también que ya en 2024, y fuera de Europa, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado el cambio climático como uno de los desafíos más urgentes para ser abordados en profundidad en su plan de trabajo 2024-2026. Hay una resolución (3/21) del documento de la IACHR (Inter-American Commission on Human Rights, por sus siglas en inglés) que sostiene que existe una emergencia climática, agravada por las actividades humanas, que amenaza la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la vivienda, el trabajo y el derecho a un medioambiente sano, entre otros derechos humanos; exige una intervención inmediata.
Subrayemos que no solo la justicia climática emerge, la ambiental también. Situémonos en la UE en tiempos cercanos. Euronews titulaba el 18 de junio pasado un artículo esclarecedor: “Europa avanza en justicia ambiental, pero olvida los derechos humanos a un medioambiente sano”. En él daba cuenta de que el Consejo de Europa acababa de adoptar un tratado internacional que, en principio, debería ayudar a los países miembros “a hacer frente a los delitos graves contra el medioambiente”. Elaborado en los dos últimos años tras continuos trabajos de equipos formados por “expertos y partes interesadas de los 46 Estados miembros del Consejo, con contribuciones de la UE, la ONU, Interpol y grupos de la sociedad civil”. Pero en el mismo artículo advertía que las medidas medioambientales se quedaban cortas ante el avance del cambio climático. Entrecomillaba unas palabras de Sebastian Duiyck, abogado senior de CIEL (Center For International Environmental Law, por sus siglas en inglés) realmente contundentes: Es indignante que en 2025 Europa aún no haya reconocido legalmente el derecho a un medioambiente sano como un derecho humano básico.
Además, no todo está conseguido. Social Europe denuncia la crisis del empleo verde en Europa, asegura que la lenta descarbonización y la no inversión en tecnologías limpias hacen más daño que el cambio climático; hay que invertir en tecnologías verdes para generar empleos verdes. Empresas y trabajadores –demasiadas veces olvidados- han de estar convencidos deben ser parte activa en el manejo de las incertidumbres. Sería una buena forma de colaborar con la justicia climática. Por otra parte, habrá que desarrollar el Informe PE 773.027 ¿qué ocurre con la regulación europea? Solicitado por el Parlamento Europeo en junio de 2025. Este debe referirse a instrumentos legales que establecen obligaciones para que las empresas informen sobre su desempeño en sostenibilidad, incluyendo aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), así como sobre su impacto en la sociedad y el medio ambiente.
No podemos despistarnos porque las administraciones funcionan a menudo como sumideros de la biodiversidad. Un ejemplo sirve de muestra. Ecologistas en Acción de La Rioja (CC.AA. del Reino de España) ha trasladado al Defensor del Pueblo español una queja para que este la tramite al Tribunal Constitucional. Va contra la modificación de la biodiversidad que significa una ley aprobada por su Parlamento regional. Alegan que “no se trata de una Ley propositiva o que aporte mejoras al texto de la misma y que favorezca la conservación de la biodiversidad sino más bien al contrario, elimina los aspectos más relevantes y significativos de esta Ley”. En concreto, desprotege a 242 especies y levanta la prohibición del uso del veneno glifosato».
En España, junio de 2025, conocimos que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la Xunta y la Confederación Miño-Sil por su mala gestión del agua, envenenada por vertidos de la ganadería intensiva, en este caso por granjas porcinas. Con la condena, iba la obligación de que las Administraciones deberían pagar 30.000 euros a cada afectado y reparar el desastre ambiental. Pero no se quedaba ahí. Sostenía que las Administraciones debían “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua”.
Se puede decir que la justicia ambiental ya asoma en el lejano horizonte. En España empieza a moverse el asunto de las demandas por inacción. Que se preparen los tribunales para el trabajo que les va a llegar, cargado de justicia ecosocial y climática. Porque la publicación en 2024 del informe “Los derechos climáticos: mecanismos de defensa del clima en España” por parte del IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente) aporta muchos fundamentos de lectura crítica, muchos argumentos para responder a los retos que tenemos planteados. A ver si ahora son más diligentes nuestros jueces y fiscales y persiguen los incumplimientos continuados que hemos visto en el caso del hotel El Algarrobico, Doñana, El Mar Menor, La Albufera de Valencia, o la macrocelulosa que se pretende construir en Galicia, entre otros muchos. Se me olvidaba, la proliferación de molinos eólicos en lugares protegidos y la conversión del patrimonio geológico sin par que son los Pirineos (en mi tierra). Los quieren convertir en un parque de atracciones, pero ya está atenta la AJA (Actualidad Jurídica Ambiental) para recordar y combatir los atropellos de la Administración. Estaremos a la escucha, en “modo Cicerón”, porque la solidaridad climática debe ser ya un deber compartido, un derecho inexcusable.
Investigador ecosocial y analista de la Fundación Alternativas
Maestro y Doctor en Geografía. Ha sido profesor de Educación Primaria, Secundaria y Formación del Profesorado. Autor de artículos e investigaciones sobre medioambiente y educación recogidos en revistas especializadas como Cuadernos de Pedagogía, Investigación en la Escuela o Aula de Innovación educativa.
Premio Nacional “Educación y Sociedad” 1992 y 1993 por sus propuestas didácticas en torno al río y el paisaje vividos. Ha publicado varios libros sobre estas temáticas. Investigador colaborador del Dpto. de Geografía de la Universidad de Zaragoza y de la Fundación Alternativas de Madrid. Es miembro del Consejo de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo).