Aroa Fandiño
Experta en Derecho europeo y colaboradora de la Fundación Alternativas.
Mientras los focos mediáticos se concentraban en la reciente cumbre de la OTAN, el 25 de junio, un hecho potencialmente trascendental para el futuro de la justicia internacional tuvo lugar en un escenario menos mediático, pero no menos relevante: el Consejo de Europa. A la luz de la luna, en un acto que recibió escasa atención mediática, pero cargado de simbolismo político y jurídico, se firmó un acuerdo que abre la puerta a la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania.
La presencia del presidente Volodímir Zelensky, que se trasladó directamente desde la cumbre atlántica para formalizar el compromiso, evidencia la importancia que Ucrania otorga a esta iniciativa. No se trata de un gesto aislado. Es el resultado de un largo proceso de presión diplomática y elaboración técnica para suplir una carencia crucial del actual sistema de justicia penal internacional: la imposibilidad de juzgar el crimen de agresión en el marco del Estatuto de Roma cuando el país agresor —en este caso, Rusia— no es parte del tratado.
Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, el Consejo de Europa ha asumido un rol operativo y político de primer orden. Fue la primera organización internacional en expulsar a la Federación Rusa, una decisión inédita que representó una ruptura clara con las respuestas tradicionales de contención diplomática. A partir de ahí, ha desplegado una batería de medidas concretas: asistencia técnica al sistema judicial ucraniano, apoyo financiero a las víctimas, programas de fortalecimiento institucional y, especialmente, protección para menores víctimas de sustracción ilegal, en coordinación con la enviada especial del secretario general sobre la situación de los menores en Ucrania. Además, el Registro de Daños, recientemente activado, permite documentar y cuantificar las pérdidas ocasionadas por la agresión, en una fase preparatoria clave para futuras reparaciones.
Estos esfuerzos, aunque alejados del primer plano mediático, constituyen una arquitectura funcional que demuestra que la justicia no puede quedar subordinada al cálculo geopolítico ni al pragmatismo coyuntural. En un sistema internacional profundamente tensionado, el respaldo a la justicia como instrumento multilateral de seguridad democrática —y no como un freno diplomático— tiene un valor estratégico de fondo.
Más allá del simbolismo
El proyecto de Tribunal Especial es, a la vez, una respuesta jurídica y una declaración política. Su creación se enmarca en la lógica del derecho internacional, y busca afirmar la indivisibilidad entre justicia, paz y seguridad en el continente europeo.
A diferencia de tribunales especiales anteriores impulsados por el Consejo de Seguridad de la ONU —como los casos de la ex Yugoslavia, Ruanda o el Líbano—, el tribunal para Ucrania nace desde una arquitectura jurídica regional, promovida por Europa, en ausencia de consenso global. Esta diferencia subraya el carácter político del acuerdo firmado en Estrasburgo y refuerza el papel del Consejo de Europa como garante multilateral de los valores fundamentales: derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
Este paso cobra especial relevancia en un contexto en el que, si bien se revalorizan las alianzas militares, existe el riesgo de marginar los instrumentos jurídicos y civiles que sostienen el orden internacional. Frente a la primacía de la lógica de disuasión, esta decisión demuestra que la rendición de cuentas es tan esencial como la defensa activa. La justicia no es improvisación: requiere voluntad política persistente, instituciones sólidas y compromisos vinculantes construidos a través del consenso multilateral.
Una oportunidad para Europa
Este movimiento debe entenderse también como una oportunidad estratégica para Europa de reafirmarse como actor normativo global. En un escenario multipolar y competitivo, donde las reglas de juego están en disputa, Europa puede —y debe— demostrar que el derecho internacional no es una herramienta decorativa, sino una palanca real para la acción.
Al impulsar la creación de un tribunal específico para juzgar el crimen de agresión, el Consejo de Europa lanza un mensaje inequívoco: la impunidad no es tolerable, incluso para los Estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este es quizás el aspecto más simbólicamente potente del acuerdo firmado en Estrasburgo: frente a los intentos de erosión del orden jurídico internacional, Europa responde con institucionalidad, con derecho, con mecanismos multilaterales robustos.
Conclusión
Este acuerdo marca un punto de inflexión decisivo en la justicia internacional, especialmente en defensa de Ucrania. Europa tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de liderar con coherencia, transformando valores en hechos tangibles. La justicia y la paz no se proclaman, se construyen a diario mediante decisiones políticas sostenidas, cooperación internacional y un marco institucional robusto. Solo en un espacio como el Consejo de Europa, foro político y jurídico del continente, puede forjarse este futuro.