<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros decidió ayer presentar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Plan Estratégico de Acción Exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la Generalitat de Cataluña, por considerar que “menoscaba las competencias del Estado” y forma parte de "un proceso independentista que pretende desprestigiar la imagen internacional de España”.</strong></h4> La decisión fue adoptada después de que la Generalitat de Cataluña contestara negativamente al <a href="https://thediplomatinspain.com/2019/08/el-gobierno-da-el-primer-paso-para-recurrir-el-plan-de-accion-exterior-de-la-generalitat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>requerimiento de incompetencia</strong> </a>que le dirigió el Gobierno el pasado 23 de agosto, según explicó ayer <strong>la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá</strong>, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En el acuerdo del Ejecutivo, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, se incluye la expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución para que se produzca la suspensión del Plan. El objetivo del Gobierno en funciones es que <strong>“el Tribunal Constitucional declare que la comunidad autónoma ha menoscabado las competencias del Estado y ha vulnerado el principio de lealtad constitucional, con la finalidad de que la comunidad autónoma tenga que adecuar su Plan”.</strong> El Consejo de Ministros recordó que el Tribunal Constitucional ha subrayado “en varias sentencias” que la acción exterior de las comunidades autónomas, además de tener que ceñirse al ámbito material de sus competencias estatutarias, debe respetar el ejercicio por el Estado de sus competencias sobre relaciones internacionales y dirección de la política exterior, incluidas las funciones de coordinación que le corresponden. Aparte, según el Ejecutivo, el Plan Estratégico de Acción Exterior “omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que éste realiza y que le habilita para establecer principios y directrices que también son completamente omitidos”. Por tanto<strong>, la Generalitat, con este el Plan, excede el marco constitucional de sus competencias, invade las competencias estatales, y, en especial, la competencia en materia de relaciones internacionales que la Constitución española arroga al Estado, y menoscaba tal competencia estatal vulnerando asimismo el principio de lealtad constitucional.</strong> Aparte, prosigue el Gobierno en funciones, “el análisis y la valoración, desde el punto de vista constitucional, del Plan no puede dejar de lado el contexto en que se aprueba y que, tal y como ha señalado también en su dictamen el Consejo de Estado, es el de <strong>un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España</strong> y que se ha visto reflejado en una gran diversidad de actuaciones que, en el marco de la actividad institucional de la Generalitat, han llevado a cabo el presidente de la Generalitat, los consejeros y las Delegaciones en el exterior”.
