David Martínez Calderón
Analista de Asuntos Internacionales
Ágora Diplomática
En la gélida mañana del 26 de febrero de 1992, la ciudad de Joyalí, un pequeño pero estratégico asentamiento en la región azerbaiyana de Karabaj, se convirtió en el escenario de una de las masacres más atroces de finales del siglo XX del marco postsoviético. Más de 600 civiles azerbaiyanos, entre ellos 106 mujeres y 63 niños, fueron asesinados por las fuerzas armadas de Armenia; de los cuales aún se desconoce el paradero de 150 de ellos. Familias enteras fueron exterminadas, niños quedaron huérfanos y los supervivientes quedaron marcados física y emocionalmente. Los acontecimientos de ese día no fueron actos de violencia aislados, sino parte de una política de limpieza étnica destinada a expulsar a los azerbaiyanos de la región. En las décadas transcurridas desde entonces, las heridas de Joyalí han perdurado, impregnando la memoria colectiva de una nación que aún busca justicia.
La masacre fue una maniobra calculada de los líderes militares armenios para aterrorizar a los azerbaiyanos y expulsarlos de la región de Karabaj. La masacre formaba parte de una guerra abierta, iniciada por Armenia contra Azerbaiyán para ocupar esta región. En una de sus entrevistas con Thomas de Waal en diciembre del 2000, Serzh Sargsyan, el que sería presidente de Armenia entre 2008 y 2018, admitió que la masacre de civiles en Joyalí tenía como objetivo «poner fin» a la resistencia azerbaiyana e infundir miedo entre los demás residentes azerbaiyanos locales, que hasta ese momento no pensaban que el ejército armenio fuera capaz de usar sus armas contra civiles. El asalto de la ciudad fue crucial para la estrategia general de Armenia de consolidar el control sobre Karabaj y sus distritos circundantes. Periodistas y organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, documentaron las atrocidades, reconociendo la masacre de Joyalí como «la mayor masacre hasta la fecha en el conflicto» entre Armenia y Azerbaiyán.
Durante tres décadas, Joyalí simbolizó tanto el coste humano de la agresión armenia como las injusticias no resueltas del conflicto de Karabaj. Los esfuerzos diplomáticos de Azerbaiyán garantizaron el reconocimiento internacional de la tragedia. Hasta la fecha, 17 asambleas legislativas nacionales, 24 Estados de EE.UU., la Organización para la Cooperación Islámica y la Organización de los Estados Turcos han condenado oficialmente la masacre, calificándola de crimen de lesa humanidad y acto de genocidio. Sin embargo, a pesar de la creciente concienciación y el reconocimiento internacional, hasta hace poco la responsabilidad de los perpetradores seguía siendo eludida.
Con la decisiva victoria de Azerbaiyán en la Guerra de los 44 Días, también conocida como la Segunda Guerra de Karabaj, en 2020, la situación comenzó a cambiar. Tras casi tres décadas de ocupación y repetidos intentos de negociación con diversos mediadores internacionales, Azerbaiyán restableció su integridad territorial; liberando las tierras que durante mucho tiempo estuvieron en poder de las fuerzas armadas de Armenia y del régimen separatista, instaurado en los territorios ocupados. La operación militar de septiembre de 2023 derribó el régimen separatista, creando condiciones sin precedentes para el diálogo bilateral entre Bakú y Ereván. La liberación de la región de Karabaj, incluyendo Joyalí, no solo fue un logro militar, sino que permitió a Azerbaiyán conmemorar a las víctimas en las ciudades donde acaecieron los trágicos acontecimientos. En febrero de 2024, por primera vez, Azerbaiyán conmemoró el 30.º aniversario del genocidio de Joyalí en una Joyalí liberada, un acto simbólico de conmemoración que subraya las cicatrices en la conciencia contemporánea de Azerbaiyán.
Con la restauración de la soberanía territorial, se llevaron a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad por delitos cometidos durante las hostilidades. A principios de febrero de 2026, el Tribunal Militar de Bakú concluyó uno de los juicios más importantes en la historia del conflicto de Karabaj: exlíderes del desmantelado régimen separatista de Artsakh, entre ellos Arayik Harutyunyan, Levon Mnatsakanyan, Davit Manukyan, Davit Ishkhanyan y Davit Babayan, fueron condenados a cadena perpetua, acusados de haber perpetrado crímenes contra la paz y la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y terrorismo. Otros procesados, como Arkadi Ghukasyan y Bako Sahakyan, fueron condenados a 20 años de prisión por delitos similares. El Tribunal examinó las pruebas que vinculaban a los procesados con atrocidades cometidas contra la población civil azerbaiyana, incluyendo ataques con misiles contra zonas residenciales de ciudades como Ganjá, desplazamientos forzosos de población, torturas y creación de milicias armadas ilegales. Las sentencias constituyen un paso histórico en la búsqueda de justicia y la reconciliación postconflicto.
Más allá de los éxitos militares de Azerbaiyán, la búsqueda de una paz y una reconciliación duraderas siguen siendo la prioridad número uno para el pueblo y el gobierno del país caucásico. El proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia ha avanzado significativamente, especialmente con la Cumbre de Washington de agosto de 2025. Organizada por el presidente estadounidense Donald Trump, la Cumbre reunió al presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y al primer ministro armenio Nikol Pashinyan para rubricar un Tratado de Paz integral. Este acuerdo formalizó el reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial y abordó la reapertura de las conexiones de transporte regionales.
La Cumbre de Washington representó una oportunidad única para transformar el Cáucaso Sur, de una zona de conflicto recurrente a una región de estabilidad duradera. Al impulsar la normalización política, lograda con proyectos económicos y de conectividad tangibles, ha creado incentivos para la cooperación, reduciendo así la probabilidad de la reanudación de las hostilidades. El año transcurrido desde la celebración de la Cumbre ha sido el período más pacífico en las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán desde que ambos países recuperaron su independencia de la Unión Soviética, en 1991. A principios de febrero, los líderes de Armenia y Azerbaiyán recibieron el Premio Zayed a la Fraternidad Humana en los Emiratos Árabes Unidos, reconociendo los esfuerzos y las medidas adoptadas por ambos para poner fin a décadas de conflicto entre sus países y avanzar en la normalización de las relaciones.
De cara al futuro, Azerbaiyán sigue insistiendo en que una efectiva reconciliación requerirá más que tratados y proyectos de infraestructura: requerirá el análisis de responsabilidades legales, una documentación histórica transparente y el reconocimiento internacional de los crímenes perpetrados contra la población civil. Estos factores ayudarán a romper el ciclo de desconfianza y violencia que ha plagado a estos dos pueblos que convivieron y se desarrollaron juntos durante siglos antes de las hostilidades étnicas del siglo XX. La memoria de Joyalí se preserva en el corazón de los supervivientes y en la conciencia nacional y ejemplifica la brutalidad del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia; al igual que ilustra el valor de la paz y la necesidad de reconciliación histórica de ambos pueblos.