Roberto Veiga González
Abogado y politólogo / Colaborador de la Fundación Alternativas
Donald Trump emplea el instrumento de la “guerra comercial” en su estrategia geopolítica y esto podría modificar el futuro ahora posible para Cuba. Esta política de la Casa Blanca pretende imponerse a otros países afectando su bienestar, si bien, por el contrario, actualmente sólo parece posible conseguir una influencia de tal índole ofreciendo oportunidades. De modo que muchos países procurarán utilizar otros recursos de la geopolítica con el propósito de alcanzar estabilidad y fortalecer sus intereses internos. Esto, en algunos casos, pudiera beneficiar a China.
En 2025, la Unión Europea (UE) se encuentra en un momento crítico. La consolidación de su unidad interna y la reafirmación de su liderazgo global, sustentados en valores fundamentales como la libertad, la paz, el Estado de derecho, la democracia, el bienestar y la solidaridad, son imperativos ineludibles. Superar la crisis actual es esencial para evitar que la UE diluya su influencia histórica y comprometa su legado en áreas cruciales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.
La geopolítica surgida tras la Segunda Guerra Mundial ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas, caracterizada por el ascenso de China, la competencia entre grandes potencias, la proliferación de conflictos regionales, el impacto del cambio climático en la seguridad, la ciberseguridad y la desinformación. A pesar de estos cambios, la comunidad internacional aún no ha logrado consensuar estrategias robustas y legítimas para responder a los desafíos contemporáneos.
Paralelamente, se observa un alarmante retroceso de los principios democráticos en diversas naciones, exacerbado por el auge del populismo, el nacionalismo y la desconfianza en las instituciones. Este fenómeno se alimenta tanto de las deficiencias internas de los sistemas como de la influencia de fuerzas nacionales e internacionales que atentan contra la democracia y el bienestar.
Es crucial reconocer que la democracia enfrenta desafíos significativos, entre los cuales destacan la fragilidad del compromiso a los asuntos sociales y la prevalencia de agendas electoralistas. Estas últimas, en su afán por asegurar victorias electorales, a menudo sacrifican la atención a problemas estructurales y estratégicos. Esta dinámica erosiona la confianza en las instituciones democráticas y obstaculiza la implementación de soluciones a largo plazo para el bienestar de la sociedad.
Para afrontar estos desafíos, la UE debe ratificar su compromiso con la universalidad de los derechos humanos, abarcando tanto los derechos civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales. En este sentido, es imperativo reforzar, acaso de manera celosa, el respaldo político a las dimensiones sociales de la democracia, garantizando educación de calidad, sanidad accesible, empleo digno, negociación social, fiscalidad equitativa, seguridad social robusta, vivienda adecuada y seguridad ciudadana.
Además, se requiere fomentar un diálogo político inclusivo, donde la interacción se desarrolle en un marco de respeto y ética, previniendo acciones que puedan erosionar la confianza ciudadana, deteriorar la convivencia y menoscabar la legitimidad democrática y el bienestar colectivo.
No obstante, este avance enfrenta desafíos significativos para la UE, entre los que destacan el declive de los principios democráticos en varios Estados miembros, las marcadas diferencias de perspectiva entre países que la integran, el desacuerdo sobre la implementación de mecanismos de sanción a gobiernos que vulneren el Estado de derecho, las desigualdades sociales y económicas que amenazan la cohesión y la confianza en las instituciones, la polarización política que dificulta el diálogo y la búsqueda de consensos, y la gestión de la migración, que plantea retos humanitarios, de seguridad e integración.
Para superar estos obstáculos, la UE necesita una estrategia económica integral que combine políticas macroeconómicas prudentes, reformas estructurales ambiciosas, inversiones estratégicas, fomento de la innovación y la tecnología, adaptación del mercado laboral a la globalización y la digitalización, creación de un entorno empresarial favorable, promoción de la sostenibilidad y búsqueda de la autonomía estratégica.
Esta orientación consolidaría la política como un servicio esencial, reforzando su legitimidad. Al aumentar la confianza y el compromiso social con la democracia, se fomentaría la participación de individuos altamente capacitados, actualmente marginados de la esfera política.
Todo esto exige una firme voluntad política y el desarrollo efectivo de capacidades políticas, técnicas y ejecutivas.
El compromiso de la UE con la universalidad de los derechos humanos también requiere el establecimiento de un sistema de defensa y seguridad común, con capacidad para desplegar fuerzas militares rápidamente en respuesta a crisis propias, en su vecindad y más allá.
Aunque existe un debate sobre las condiciones para garantizar el éxito de este sistema, la necesidad de una defensa europea sólida y autónoma es innegable. A lo largo de la historia, la protección de los derechos de las personas y el mantenimiento del Estado de bienestar han dependido de la capacidad de salvaguardar la integridad territorial frente a agresiones externas. Esta necesidad se torna aún más apremiante en épocas de inestabilidad y en regiones como la europea, que enfrenta una amenaza palpable derivada de las políticas irresponsables y agresivas del Kremlin, así como del distanciamiento de la Casa Blanca y su compromiso con la defensa y la seguridad transatlántica.
En este contexto, el sistema de defensa común deberá basarse en una identidad europea compartida en materia de seguridad, un mecanismo de gasto que distribuya equitativamente la carga financiera, un cuartel general militar europeo con una estructura de mando eficiente, la unificación de doctrinas y procedimientos militares, el desarrollo de programas de defensa conjuntos y la estandarización de equipos, la interoperabilidad entre las fuerzas armadas mediante ejercicios conjuntos, la capacidad de planificación y ejecución de operaciones militares, la reducción de la dependencia de proveedores externos, y el impulso de la innovación y la industria de defensa europea, incluyendo las pymes.
Asimismo, deberá establecer un marco legal claro y coherente con el derecho internacional, que facilite la coordinación entre las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, y desarrollar asociaciones estratégicas con otros actores internacionales, promoviendo el multilateralismo y la cooperación global en materia de seguridad, independientemente del mantenimiento de la OTAN.
Sin embargo, avanzar hacia este sistema de defensa y seguridad común será difícil sin una mayor cohesión política interna e internacional de la UE.
Es fundamental reconocer la relación simbiótica entre la estabilidad del orden internacional y la solidez política de las naciones. Ambas dimensiones se refuerzan mutuamente, ya que la debilidad interna de un país puede desestabilizar la región, mientras que la inestabilidad global erosiona la capacidad de los gobiernos para mantener el orden interno. Por lo tanto, abordar ambas dimensiones de forma simultánea es un imperativo estratégico.
Para lograr esta estabilidad, se requieren gobiernos vitales, con visión de futuro y capacidad para implementar políticas efectivas. Asimismo, es crucial potenciar el papel de mecanismos de cooperación multilateral como la Unión Europea, el Mercosur y la actualmente debilitada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y los vínculos con países como Canadá, Japón, Corea del Sur, Filipinas e India.
En el contexto global actual, se presenta una oportunidad estratégica para intensificar la relación entre América Latina y la UE. Una alianza fundamentada en valores compartidos, como la democracia y los derechos humanos, podría generar beneficios sustanciales para ambas regiones. Para América Latina, la UE se consolidaría como un socio clave en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, el impulso del desarrollo sostenible y la diversificación de sus relaciones internacionales. En este sentido, sería conveniente iniciar contactos, priorizando quizás a países como Brasil, México, Chile y Colombia. Por su parte, la UE encontraría en América Latina un aliado estratégico para reforzar su posición global, fomentar la cooperación económica y establecer colaboraciones en áreas de interés mutuo.
Un elemento esencial para fortalecer la estabilidad global sería la creación de alianzas políticas democráticas de las sociedades civil y política que trasciendan las fronteras regionales. Estas alianzas deberían integrar a actores de Europa, Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos, fomentando la participación de todas las regiones del mundo.
Para alcanzar todos estos objetivos, la UE requerirá un liderazgo sólido y compartido, que podría ser impulsado inicialmente por Alemania, Francia y el Reino Unido, a pesar de su actual estatus fuera de la Unión. Sin embargo, esto no implicaría una posición de subordinación para los demás países, sino un papel protagónico en la configuración de un futuro trascendental para el mundo.