The Diplomat in Spain

Victoria Ortega

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

La Abogacía es un pilar crucial para garantizar el Estado de Derecho y el buen funcionamiento de la justicia. El ejercicio profesional, independiente y cualificado de la Abogacía resulta esencial para asegurar la justa aplicación del ordenamiento y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así lo reconocía Naciones Unidas en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados en La Habana en 1990.

La misma ONU que, 30 años después, nos alerta hoy de que “el Estado de Derecho se está erosionando” en el mundo. Y mientras eso ocurre, observamos que nuestra profesión es vista con recelo, acosada y amenazada en muchos países por su inquebrantable defensa de los derechos humanos. En los últimos meses, a lo ancho de todo el planeta, estamos asistiendo a una intensificación -abusiva e intolerable- de los ataques contra la libertad profesional y la integridad física de los abogados y abogadas que ejercen particularmente en este ámbito.

En Turquía, por ejemplo, miembro del Consejo de Europa, el grado de acoso a la profesión es más que ignominioso. Las detenciones masivas e indiscriminadas de abogados, según la asociación de abogados exiliados “Arrested Lawyers”, ascienden a día de hoy a 605 en espera de juicio y 441 sentenciados a un total de 2.728 años de cárcel. O el doloroso caso de la abogada Ebru Timtik, que tras iniciar una huelga de hambre para reclamar un juicio justo para ella y el resto de sus compañeros de despacho, que se encuentran en la cárcel, fue dejada morir. Aunque la presión internacional por este hecho ha logrado la puesta en libertad del compañero de despacho de Timtik, Aytaç Ünsal, que también estaba en huelga de hambre en prisión, la situación no parece que vaya a mejorar tras la reciente aprobación de una ley que debilita a los colegios que están investigando torturas y otras violaciones de derechos y luchando por proteger la independencia e integridad de la profesión.

En Irán, la abogada Nasrin Sotoudeh, premio de derechos humanos de la Abogacía Española en 2010 y Europea (CCBE) en 2019, fue encarcelada injustamente por defender el derecho de las mujeres iraníes a no llevar velo y condenada a 148 latigazos. También se encuentra actualmente en huelga de hambre y fue hospitalizada hace pocos días por esta protesta. Su vida corre serio peligro.

En Colombia, las escuchas ilegales y amenazas a abogados defensores de derechos humanos, como los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), son frecuentes. Así lo apunta la reciente admisión a trámite de su demanda contra Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tipo de hechos, que los tribunales nacionales no han juzgado en defensa de la profesión y tendrá, por tanto, que dirimir un órgano judicial internacional.

Para la Abogacía venezolana, cualquier actividad de defensa de una causa que pueda interpretarse contraria a la administración es directamente tachada de disidencia política, lo que significa que ejercer en este país implica uno de los mayores niveles de riesgo de la región iberoamericana.

En el momento de escribir estas líneas, la situación de acoso que ejercen las autoridades nicaragüenses sobre el abogado Julio Ariel Montenegro, con peligro real e inminente para su vida, puede forzarle a huir del país, abandonando la defensa de sus clientes.

En Guatemala, la actuación concertada del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Consejo General de la Abogacía Española y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, ha desplegado medidas de protección especiales al abogado Esteban Celada, para que pueda ejercer su profesión en defensa de los derechos humanos y de las personas más vulnerables, en un país con uno de los índices de abogados asesinados más altos del mundo.

La lista continúa: Egipto, China, Pakistán, Honduras, Bielorrusia… Son sólo algunos ejemplos de la constante vulneración de esos Principios Básicos que hace tres décadas fundieron en una norma internacional los derechos que amparan a todo abogado o abogada en el ejercicio de su labor. Hoy, en su 30 aniversario, recordamos la importancia de su vigencia, de su valor y, sobre todo, de su respeto.

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, creado por los Consejos nacionales de abogacías de Francia, Italia, España y el Colegio de Abogados de París, y del que son parte otros 34 colegios de abogados preocupados por el libre ejercicio de la profesión en todo el planeta, está alineado con esta inquietud desde la denuncia, el trabajo conjunto y la reflexión compartida. El mundo no podrá ser nunca un lugar mejor con una Abogacía amenazada. Protegerla es cuidar del Estado de Derecho, una obligación de las democracias para salvaguardar uno de sus bienes más preciados -la tutela judicial efectiva- y para construir sociedades más libres, igualitarias y justas. Visto lo visto, buena falta hace.

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