<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una declaración con motivo del Día Mundial y del Día Europeo contra la Pena de Muerte, que se celebra el 10 de octubre, en la que “reitera la oposición de España a la pena capital”.</strong></h4> En la declaración, el Gobierno asegura que la pena de muerte “<strong>continuará siendo una prioridad de la política exterior española</strong>, en conjunción con los demás países de la Unión Europea y de los 22 países que forman el grupo de apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte”. Asimismo, el Gobierno español “seguirá instando a los Gobiernos de Estados retencionistas a que restrinjan los casos en que la aplican e instauren moratorias con vistas a la abolición definitiva” y pedirá a aquellos países en los que se han presentado proyectos de ley para reinstaurarla “que los retiren y mantengan la abolición, respetando así el derecho humano absoluto a la vida”. La declaración recuerda que España participó en el séptimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebró en Bruselas en febrero de este año, y recuerda que, en diciembre de 2018, 121 países miembros de la ONU en la Asamblea General a favor de una moratoria. <strong>“El Gobierno continuará promoviendo la abolición en los foros multilaterales, especialmente en su actual condición de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”</strong>, aseguró el Gobierno. “<strong>España seguirá apoyando a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Madrid</strong>, fundada en 2010 a iniciativa del Gobierno español, así como las iniciativas multilaterales y de la sociedad civil que avancen hacia la abolición universal”, concluye el texto.
