The Diplomat in Spain

Irene Matías Campano

Consultora en asuntos públicos y directora de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)

Tras las elecciones europeas del último fin de semana de mayo, muchos se preguntan si la socialdemocracia tiene futuro en Europa. La respuesta dependerá en gran parte de España: el PSOE ha sido el único partido socialista en resistir a la fragmentación causada por el populismo y las nuevas formaciones, ambas tendencias euroescépticas. Su líder, Pedro Sánchez, busca traducir esa crisis política europea en oportunidades para él y su organización, España y Europa. Ello le permitirá atraer en su apoyo a las instituciones públicas y privadas que creen en la integración europea como parte de las soluciones frente a las tendencias a la desglobalización e insostenibilidad del desarrollo económico y social del planeta, para avanzar hacia un proyecto europeo democrático y liberal opuesto a los instintos populistas y proteccionistas de Trump.

Esas ideas son compartidas en el escenario político europeo, además de por otros partidos socialdemócratas, por los consiguientes aliados potenciales del PSOE: gran parte de los conservadores liderados por la democracia cristiana alemana de Merkel, por los liberales de ALDE ahora liderados por Macron e incluso por los verdes, cuya fuerza ha crecido en estas elecciones junto a la de populismos, a diferencia de la ostentada hasta ahora por el EPP y S&D.  

Sánchez espera, según sus allegados, que ello permita resolver el déficit institucional de cargos que tiene España en la UE. Así se lo dejó ver a Macron y Merkel en las entrevistas mantenidas con ellos ante el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno del martes 28 de mayo. Antes de que finalice otoño, los llamados colegisladores europeos, este Consejo Europeo (a modo de Senado informal) y el nuevo Parlamento Europeo (única cámara actual) tienen que ponerse de acuerdo para elegir, por este orden, al presidente de la Comisión, el Parlamento, el Consejo, la Corte de Justicia y del BCE. 

Pedro Sánchez, líder resurgido cual ave fénix de una crisis interna del PSOE que le llevo a dimitir y que recuperó el poder interno en unas primarias y luego el Gobierno en unos pactos, estrategia que le ha llegado a ganar las cuatro elecciones españolas en un mes (generales el 28 de abril, europeas, regionales y locales el 26 de mayo), juega ahora a ser considerado también “ave fénix de Europa”. Y para todo ello contó inicialmente con el apoyo de Josep Borrell, que ya fue presidente del Parlamento Europeo y conoce bien a todos los interlocutores en Bruselas y en cada uno de los países, pues fue ministro de Exteriores desde que en junio del 2018 Sánchez recuperó el poder. 

La importancia de Europa es crucial para España, uno de los países más preeuropeos y que más han contribuido a que la participación de las últimas elecciones haya sido la mayor en los 40 años e historia del proyecto. Un ejemplo: de los 10 Reales Decretos Leyes aprobados en España 2019, un 70% tiene contenido derivado de Directivas europeas; en 2018 se transpusieron al Derecho español 54 directivas (21 de ellas se encontraban ya fuera de plazo); España deberá transponer al menos 18 directivas europeas cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y un largo etcétera. Esto es un claro ejemplo de que la influencia debe ejercerse más allá de nuestras fronteras.

Esa creciente europeización, que afectan directamente a los ciudadanos y las empresas, es bien conocida por los españoles y demás europeos que han contribuido al citado aumento de participación electoral. Otro ejemplo: España copa el 43% de los casos hipotecarios que llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; hay 738 lobbies españoles registrados en la UE. Lo que demuestra la valor que tanto ciudadanos y empresas otorgan a Europa.  Sin embrago, España solo ha tenido presidentes del Parlamento: nunca tuvo presidente de la Comisión, del BCE, del Consejo o de la Corte de Justicia.

Por todo ello, Sánchez y Borrell quieren dar un impulso a las políticas europeas, para que los resultados sean reconocidos en España y el PSOE pueda incrementar su representación en el Congreso, donde dista de la mayoría simple o absoluta que ha logrado en el Senado español. Eso se traducirá en apostar por una estrategia más europeístas, haciendo posible que sigan las ampliaciones compensadoras del Brexit (hay siete países a la espera de nueva Comisión que decida) y en especial que aumente la cooperación reforzada para que los países que así lo quieran puedan avanzar a mayor velocidad en la unión fiscal (con presupuesto reforzado, entre otras funciones para la social y de Defensa y exterior) y una unión bancaria capaz de afrontar futuras crisis en mejores condiciones que la iniciada entre 2008-2010, aun no superada del todo por diversos países. A más corto plazo, eso significará en el intento de extender a toda Europa los proyectos de impuestos sobre las grandes digitales y sobre las transacciones financieras que planteó el primer Gobierno de Sánchez antes de quedarse en minoría y tener que convocar elecciones.

Las empresas y ciudadanos españoles se enfrentan a múltiples desafíos derivados de la globalización y la geopolítica por lo que deberán despertar del letargo nacional y darse cuenta de que el diálogo parte de Europa. El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, lo sabe, con 26 años trabajó como asesor en el Parlamento Europeo con la socialista Bárbara Dührkop y más tarde como miembro del gabinete del alto representante de Naciones Unidas en Bosnia, Carlos Westendorp, durante la guerra de Kosovo. También fue profesor de economía y publicó una versión de su tesis doctoral «La nueva diplomacia económica europea». De ahí el role que jugará la diplomacia institucional, corporativa y no gubernamental en la próxima legislatura si Sánchez es investido presiente de España.

Sin embargo, antes de juzgar ese papel europeo y poder rentabilizarlo en estabilidad para española los próximos 4 años y continuidad de gobierno socialista al menos en los 4 siguientes, Pedro Sánchez tendrá que ser investido como presidente español. Su ministra Portavoz en funciones cree que la investidura puede consumarse en un mes, a principios de julio. El PSOE confía en poder gobernar en solitario, con pactos a varias bandas, desde el partido amarillo de Ciudadanos (alineado con Macron) hasta Unidas Podemos, con quien se han alcanzado acuerdos en la pasada legislatura y a finales de mayo se ha consensuado la elección de miembros en la Mesa del Congreso. Por otra parte, las presidencias del PSOE en las dos Cámaras, la de Meritxell Batet para el Congreso y Manuel Cruz para el Senado, redoblan el mensaje de que hay catalanes no independentistas y que tienen capacidad de encabezar las instituciones españolas, lo que supone una apuesta por el diálogo y la convivencia.

La debilidad de Podemos, anterior socio de gobierno también marca un antes y un después. Tras los malos resultado de Unidas Podemos y la reunión de Pedro Sánchez con Macron, éste prefiere ahora las alianzas con Ciudadanos que las de Podemos, pues le permite ganarse la confianza del entramado empresarial y de la UE. Para los empresarios, el mejor Gobierno sería con Ciudadanos, pues al menos podrán desde la moderación controlar medidas impopulares para los empresarios que siguen adelante como la normativa que regula el control de horarios de los trabajadores, que pese a ser respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dos días después de su entrada en vigor, determinados colectivos profesionales, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ya han intentado que el Ministerio de Trabajo les exima en un desarrollo reglamentario de la norma.

Por ello, Sánchez opta por superar la investidura para los próximos 4 años en solitario y con pactos a izquierda y derecha, que le den estabilidad 4 años para poder aspirar a otros 4. Mientras Podemos se debilita a nivel autonómico, Ciudadanos vive bajo la amenaza de pacto con Vox y los últimos movimientos de Valls en Barcelona, que ha mostrado su voluntad a pactar con Colau y el PSOE. 

La preferencia de acuerdos de Gobierno con Ciudadanos quedó clara el 30 de mayo, cuando la ministra de Economía Nadia Calviño anunció que el próximo Gobierno de Sánchez no revertiría la reforma laboral, en contra de lo prometido inicialmente por Sánchez para ganar las primarias en el PSOE y el necesario Decreto estaba preparado antes de convocar las ultimas elecciones el pasado mes de marzo, aunque «elaborará un nuevo Estatuto de los trabajadores del Siglo XXI». Pero los sindicatos y Podemos le urgen desmontar estos elementos de la reforma laboral del 2012 antes de negociar el nuevo Estatuto de los Trabajadores que propone el PSOE:  ultractividad, prevalencia de los convenios del sector, y una nueva regulación de subcontratas. 

Tras esas tarea internas, el papel de Borrell en la UE va a ser determinante para que la estabilidad buscada por Sánchez en España se extienda mas allá de los 4 años, mediante la aprobación de medidas que permitan implementar el programa de estabilidad y que no pudieron sacar adelante la anterior legislatura (el impuesto sobre servicios digitales, el nuevo impuesto a las transacciones financieras, la subida del diésel o los repuntes del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y del impuesto de sociedades para las grandes empresas), así como para hacer frente al independentismo. Con esta agenda, y ante la diversidad de intereses cruzados, las relaciones institucionales y la diplomacia institucional, corporativa y no gubernamental serán cruciales en los próximos 4 años no sólo en España, sino también en Europa.

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