Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, rápidamente Estados Unidos, Canadá y la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos integrados en el Grupo de Lima decidieron reconocerla como la única autoridad legítima del país. Al margen de Cuba, Nicaragua y Bolivia las principales excepciones regionales fueron México y Uruguay, amparados en la doctrina Estrada y la teoría de la no injerencia. Simultáneamente surgieron duras críticas contra la Unión Europa (UE) y buena parte de los estados miembro, comenzando por España, por no adoptar un compromiso semejante.
Las críticas arreciaron tras conocerse la declaración de la Alta Representante Federica Mogherini sobre la situación en Venezuela. Los principales cuestionamientos aluden a la indeterminación de la UE al conceder ocho días de plazo sin tomar una postura inmediata y a lo que entienden como reconocimiento de facto de Nicolás Maduro como autoridad legítima. Inclusive, algunos van mucho más lejos y sugieren ciertas complicidades con el régimen chavista, ya que esto solo mantendría la tragedia y aumentaría las víctimas de la represión.
Más allá de las interpretaciones, muchas provocadas por la no lectura del texto o por una mala interpretación del mismo, sería importante resaltar el profundo agradecimiento de Guaidó con las decisiones de España, Francia y Alemania, tal como reflejan sus tuits. A Pedro Sánchez le dijo: “Se sigue avanzando en la UE para el reconocimiento y apoyo pleno de nuestra lucha legítima y constitucional… Agradecemos las palabras y el compromiso adquirido por el Presidente del Gobierno de España”.
La UE, a través de su declaración, respalda totalmente a la Asamblea Nacional, por ser “la institución democrática legítima de Venezuela”, teniendo en cuenta que sus “poderes deben ser restablecidos y respetados, incluyendo las prerrogativas y protección de sus miembros”. Simultáneamente no solo no reconoce a Maduro, sino también certifica su ilegitimidad, al sostener su mandato sobre unas elecciones que “no fueron libres, justas ni creíbles”. Por eso es urgente contar con “un gobierno que represente la voluntad del pueblo”.
Un punto de la declaración que fue mal interpretado por la mayor parte de sus críticos es que en ningún momento la UE le pide a Maduro que convoque elecciones, al no tener prerrogativas para hacerlo. Solo reclama “encarecidamente la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano”, sin pedírselo a nadie en concreto. Por tanto el supuesto reconocimiento de facto de la legitimidad de Maduro es inexistente.
Michael Penfold, un economista y analista político venezolano, apunta que con su declaración Mogherini ha puesto al sucesor de Chávez frente a un dilema imposible y cualquiera sea su decisión afectará sus intereses. De ahí que el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, rechazara de plano la propuesta europea, porque por cualquiera de los dos caminos elegidos debería comenzar su tránsito para abandonar el poder.
Para Penfold, si Maduro “reconoce públicamente nuevas elecciones competitivas, transparentes y democráticas, acepta que no tiene legitimidad de origen. Por lo tanto, frente a la falta absoluta les toca reconocer las decisiones de la Asamblea Nacional y su salida del poder”.
Pero, si Maduro rechaza la petición europea, le permite a Bruselas reiterar su reconocimiento a la Asamblea Nacional como único actor capaz de “restaurar el orden constitucional” al tiempo que “reconoce formalmente la presidencia interina de Guaidó”.
Por eso nuestro autor concluye de forma taxativa que “Europa actúa con mucha inteligencia diplomática y no están “comprando tiempo”. Si Maduro lo rechaza, entonces la posición europea converge con la posición de EEUU y el Grupo de Lima. Si la acepta, igual implica su salida del poder. El círculo está cerrado internacionalmente”.
A muchos de los críticos de Europa, muchos de ellos movidos por una desesperanza prolongada, habría que recordarles que si el cambio de régimen fuera tan simple y solo dependiera de una mera declaración de la UE, este ya se hubiera producido hace muchos años. Y también que los máximos responsables de la crisis de Venezuela no están en Bruselas sino en Caracas.
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