The Diplomat in Spain

Foto: Amnistía Internacional

The Diplomat. 11/08/2018

El Gobierno español se ha comprometido a trabajar con las autoridades de Colombia en favor de la protección de los defensores de Derechos Humanos en el país sudamericano, en el que, según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y julio de 2018 fueron asesinados más de 300 activistas, en su inmensa mayoría a manos de antiguos paramilitares.

En respuesta a una pregunta parlamentaria  del grupo GCUP-EC-EM) sobre cuáles son los mecanismos de cooperación con Colombia y otros países latinoamericanos “para erradicar los asesinatos y las detenciones arbitrarias de activistas sociales y medioambientales”, el Gobierno ha recordado que, durante el Examen Periódico Universal (EPU) del pasado 10 de mayo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, España recomendó a Colombia que siguiera “avanzando en el reconocimiento y protección de defensores y defensoras, evitando su criminalización y luchando contra la impunidad de los autores de materiales e intelectuales de las agresiones, así como elaborando políticas globales de prevención y de protección colectiva”.

Además de recordar el programa de acogida temporal en España de defensores de derechos humanos en situación de riesgo, el Gobierno ha informado de que, “tanto bilateralmente como en coordinación con las delegaciones de la Unión Europea y sus Estados miembros, trabaja en la defensa de los derechos humanos y apoya la investigación de los casos de violencia contra los defensores”.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “financia en Colombia proyectos no gubernamentales destinados a fortalecer y acompañar organizaciones de defensores”.

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El Gobierno ha pedido a Bogotá, en la ONU y con la UE, que proteja a este colectivo y ponga fin a la impunidad

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Por otra parte, continúa la respuesta del Gobierno, la Embajada de España en Bogotá y el resto de Embajadas de la UE “emitieron una Declaración Local el 6 de marzo pasado expresando preocupación por el incremento en el número de asesinatos y ataques cometidos contra defensores”.

“En la Declaración”, según el Ejecutivo, “se reconocían los avances del Gobierno colombiano en la protección efectiva de los líderes sociales, se subrayaba la lucha contra la impunidad y la investigación rigurosa como elementos fundamentales y se ofreció toda la colaboración necesaria a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para proteger a los defensores y líderes sociales”.

“Las autoridades españolas mantienen contacto habitual, tanto en Madrid, como a través de las Embajadas, con los defensores y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a ellos, para mantenerse al corriente de su situación y manifestarles el apoyo del Gobierno de España”, ha asegurado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.