Krakenberger junto a Cándido, padre de Pablo Ibar./ Foto: @asocpabloibar
Eduardo González. 18/05/2016
La decisión del Tribunal Supremo de Florida de desestimar el recurso presentado por la Fiscalía contra la anulación de la condena a muerte de Pablo Ibar, que le permitirá abandonar el corredor de la muerte en un plazo de 15 días para enfrentarse a un nuevo juicio, abre un nuevo capítulo en una historia en la que el Gobierno español aún tendrá mucho que decir.
En declaraciones a The Diplomat, Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, calificó ayer de “excelente” la ayuda brindada en todo momento por el Consulado español desde que se dictó la condena a muerte, en julio de 2000. “La atención consular ha sido siempre muy buena, muy exigente y muy eficaz”, aseguró.
En cuanto al apoyo político, Krakenberger aseguró que la Asociación está “enormemente agradecida” por el apoyo económico brindado por el Gobierno, pero precisó que, en cuanto haya “un Gobierno no en funciones, se intentará conseguir un aumento de la cantidad de cara a la repetición del juicio, para que haya una primera defensa eficaz”. “Con otros países como Filipinas no hace falta, pero con Estados Unidos es necesaria una defensa letrada desde el primer juicio”, añadió.
Al respecto, la Asociación ha reiterado las propuestas que hizo, entre 2008 y 2009, a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores para afrontar las posibles penas de muerte a españoles en Estados Unidos, un país en el que, a causa “del grado de separación efectiva de poderes”, los contactos gubernamentales “carecen de efecto práctico alguno” y la posibilidad de éxito “depende en gran medida de la posibilidad de disponer de un buen abogado”.
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Propone compartir con México la asistencia a condenados o crear un mecanismo conjunto de la UE para estos casos
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A juicio de la Asociación, “España se ahorraría muchísimo dinero del contribuyente si arbitrara unos mecanismos que pudieran facilitar esa asistencia letrada efectiva en las fases iniciales”. Por ello, propone que España llegue a un acuerdo o convenio con México para compartir con este país el servicio de prestaciones puesto en marcha para proteger a sus ciudadanos de “posibles imperfecciones en el sistema judicial norteamericano”.
En caso de no considerarse oportuno el convenio con México, la Asociación plantea también la posibilidad de que la Unión Europea establezca un mecanismo compartido para asumir conjuntamente el coste de los procesos en casos de posible pena de muerte.
