The Diplomat in Spain

Jesús Lizcano./ Foto: Transparencia Internacional.

Miguel Cifuentes. Madrid

“España tiene tiene un serio problema de corrupción política y de partidos. Tenemos una partitocracia, que domina todos los organismos institucionales, Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, y eso supone un desequilibrio entre la sociedad civil y la política. Esto tiene que cambiar, la sociedad civil tiene que recuperar el espacio invadido por la política“. Es el diagnóstico que hace  Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según el profesor Lizcano la ola de noticias de corrupción que vive España genera una imagen desproporcionada, ya que “somos el país 40 en percepción de corrupción, entre 177 países, y el 19 entre 30 países europeos, según los rankings de mi organización, y eso es preocupante, sin duda, pero no es una posición bochornosa, cuando hay muchos países en el mundo con una corrupción sistémica que contamina gobiernos, jueces y altos cargos de la administración”. España es menos corrupta que Italia, Grecia, o los países del Este de Europa, “pero eso tampoco es un consuelo, preferiría estar al nivel de  los países nórdicos”, dice Lizcano.

En su opinión los partidos no son conscientes de la “indignación popular por la corrupción, que les interpela a ellos directamente, por lo que hacen y sobre todo por lo que no hacen, no pactan medidas, no son contundentes, parecen que no se dan cuenta de que el electorado puede acabar echándolos del poder y de la oposición si no reaccionan. Otro motivo de indignación, dice el profesor, es la asimetría de la justicia, blanda con los políticos y dura con los robagallinas, como dice el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La justicia debe ser rápida y contundente, ejemplarizante, con la corrupción y en España no lo es”.

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El presidente de Transparencia Internacional dice que no consuela tener menos corrupción que Italia o Grecia

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En este momento hay más de 1000 procesados por corrupción y una decenas tan sólo en la cárcel, “hay pocos condenados en relación al número de imputados y procesados, eso irrita a la población y mina la credibilidad de la justicia”.

En su opinión el Gobierno empieza a reaccionar, creando nuevas plazas de jueces y más juzgados en la Audiencia Nacional, pero se necesitan más jueces, más medios y cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si los partidos no abanderan la lucha contra la corrupción están cavando su tumba y haciendo un flaco favor al mantenimiento del sistema democrático.

“Nosotros desde Trasparencia Internacional, dice Lizcano, tratamos de ayudar a los partidos a legislar, para mejorar la trasparencia, pero no terminan de hacernos caso».

En cuanto al coste de la corrupción sobre la marca España, Lizcano señala: “Hay algún efecto, aunque no lo sé con exactitud. A nivel internacional España es considerado un país  serio y solvente, lo acabo de comprobar en un evento internacional en Berlín, donde estábamos mas de 100 países reunidos”.

En resumen el profesor Lizcano señala que “el coste real de la corrupción son los sobreprecios de concesiones y contratos públicos, los megaproyectos que se encarecen de modo intolerable, y al final son un impuesto implícito que pagan los ciudadanos”. Su preocupación ahora mismo, al margen del daño real e intolerable de la corrupción, es la falta de reacción y contundencia del Gobierno y los partidos, que se están jugando su credibilidad. O hacen una verdadera regeneración, con la cirugía que haga falta, o se juegan su futuro y su existencia”, sentencia Lizcano.