The Diplomat in Spain

La BBC hizo pública la única imagen de Meriam Yahia Ibrahim Ishag.

Luis Ayllón. Madrid

El Gobierno español se ha sumado a las demandas de que se retire la condena a muerte por apostasía a una mujer cristiana en Sudán dictada por un tribunal de Jartum. Varios países, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Holanda ya mostraron su consternación el pasado jueves, cuando se supo que un juez condenó a morir en la horca a Meriam Yahia Ibrahim Ishag, una joven de 27 años, con un hijo y embarazada de ocho meses, por no haber abjurado de la fe cristiana.

El juez dijo antes de pronunciar la sentencia, dirigiéndose a la mujer: «Le dimos tres días para abjurar de su fe pero usted ha insistido en no volver al Islam. Le condeno a la pena de muerte en la horca”. Además, le impuso otra pena de cien latigazos por “adulterio”.

La sentencia aplica la ley islámica en vigor en Sudán desde 1983, según la cual, una mujer musulmana no puede casarse con un hombre de otra religión. Según Amnistía Internacional, Ishag fue criada en el cristianismo ortodoxo, la religión de su madre, dado que su padre, musulmán, estuvo ausente durante su infancia. Más adelante, la joven se casó con un cristiano de Sudán del Sur. El juez la considera musulmana, a pesar de que, en el juicio, Meriam declaró: “»Soy cristiana y nunca he cometido apostasía».

Amnistía Internacional, que ha lanzado una campaña para evitar la ejecución de la mujer, señaló a a través de su investigador en Sudán, Manar Idriss: «El adulterio y la apostasía son actos que no deben considerarse delitos en modo alguno. Es una vulneración flagrante del derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que Meriam es una presa de conciencia, condenada únicamente por sus creencias religiosas y su identidad, y debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones».

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El Gobierno subraya que la sentencia vulnera la libertad de religión y la propia Constitución sudanesa

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En el comunicado difundido por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores español, se condena “con toda rotundidad”  la sentencia, que considera “vulnera la libertad de religión o creencia reconocida en los tratados internacionales en los que Sudán es parte, así como la propia Constitución sudanesa”.

Por ello, España expresa su confianza en que la decisión “ pueda ser revertida dentro de las vías procesales o gubernamentales previstas en Sudán”, y asegura que seguirá con la máxima atención el caso, porque –dice- “la libertad de religión o creencia como un derecho humano fundamental e inviolable, cuyo disfrute los Estados deberían garantizar y en ningún caso sancionar”.

Por ultimo, el comunicado reitera la oposición del Gobierno español a la pena de muerte “en cualquier lugar y circunstancia”, y agrega que “la condena de una mujer embarazada resulta además contraria a los estándares mínimos en materia de aplicación de la pena de muerte”.