Gasoducto Midcat, entre España y Francia/Foto: Marca España
Eduardo González. Madrid
La creación de un mercado de energía integrado en el conjunto de la Unión Europea es «el medio más rentable» para garantizar un suministro energético seguro y asequible y para atenuar el cambio climático, según la Comisión Europea, que ha propuesto la mejora de la interconexión eléctrica y gasística entre España y el resto de la UE, empezando por sus países vecinos, Portugal y Francia.
En febrero de 2011, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE expresaron la necesidad de lograr el mercado interior de la energía antes de 2014 y se propusieron el objetivo de que ningún país miembro quede aislado de las redes europeas de gas y electricidad en 2015. Según un informe publicado este lunes por la Comisión sobre el Mercado Energético Interno, la creación de este mercado integrado supondría unas ganancias anuales de entre 16.000 y 40.000 millones de euros.
«En el momento en que los mercados energéticos estén bien conectados entre ellos y se establezcan las reglas comunes, las posibilidades de utilizar el aprovisionamiento de energía como instrumento político se volverán marginales», declaró el vicepresidente de la Comisión y comisario de Energía, Günther Oettinger. «Con los precios adecuados y las infraestructuras suficientes, la energía se producirá allá donde el coste sea menor y se encaminará en función de las necesidades», añadió. «Así se garantizará el aprovisionamiento en toda Europa y los consumidores recibirán facturas más reducidas», agregó.
Aunque ya se han llevado a cabo algunos avances importantes, es necesario «invertir más en las infraestructuras transfronterizas estratégicas y en el desarrollo de las redes inteligentes de electricidad», indica el documento.
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España tiene uno de los niveles de interconexión eléctrica «más bajos de la UE»
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Respecto al sector gasístico, el informe advierte de la necesidad de «poner fin al aislamiento de los Estados bálticos» y promover «la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de «numerosos Estados del centro y sureste de Europa». Para el caso concreto de España, la Comisión incluye entre las «principales prioridades» el desarrollo del corredor África-España-Francia y del operador energético de gas natural hispano portugués Mibgas y «el reforzamiento de la capacidad de interconexión con Portugal».
En cuanto al sector de la electricidad, la Comisión considera que «las prioridades deberían consistir en la mejora de la interconexión con el resto de la UE de las redes de la Península Ibérica, de la región del mar Báltico, de Irlanda y de Reino Unido». Al respecto, el informe advierte de que «España tiene uno de los niveles de interconexión más bajos de la UE» por lo que es «particularmente importante» incrementar el intercambio transfronterizo con Portugal y Francia».
Al respecto, el documento destaca el inicio de las obras de construcción de la línea de alto voltaje Baixas-Santa Llogaia entre España y Francia, un proyecto que cuenta con una inversión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 350 millones de euros y con una fondo de 225 millones de euros concedido por la UE a las eléctricas española y francesa (REE y RTE) para su construcción, en el marco del Programa Europeo de Recuperación Energética (EEPR).
La publicación del informe incide en la polémica abierta entre los Gobiernos de los dos países respecto a esta cuestión. El nuevo embajador español en París, Ramón de Miguel, acusó recientemente a Francia de no marchar al mismo ritmo que España en las interconexiones para favorecer los intereses monopolistas de la eléctrica estatal, tras lo cual el embajador francés en Madrid, Jerome Bonnafont, se esforzó en rebatir los argumentos de su homólogo español, enumerando los «progresos» experimentados en la interconexión eléctrica y los proyectos en marcha.
El informe indica también que la utilización de las infraestructuras eléctricas y su explotación deben basarse, según la CE, «en un mismo conjunto de normas simples y armonizadas en toda Europa», normas que la Comisión «se dispone a aprobar el próximo mes» de noviembre. En este sentido, la CE insta a España a «la eliminación gradual» de tarifas reguladas de gas y electricidad para las viviendas, «sin dejar de lado la necesidad del suministro obligatorio universal y la defensa efectiva de los consumidores vulnerables».