Proyecto de abastecimiento de agua financiado por España en Mauritania./ Foto: AECID
Eduardo González. 14/07/2016
El informe del Tribunal de Cuentas que revela que las herramientas principales de financiación de la Cooperación Española, el desaparecido FAD y su sucesor, el FONPRODE, concedieron préstamos a fondos radicados en paraísos fiscales, no ha cogido por sorpresa a las ONGD.
El Informe de Fiscalización del Fondo para la Promoción del Desarrollo, ejercicios 2012 y 2013, indica que, al menos en una ocasión se concedió un préstamo a “un fondo constituido en un paraíso fiscal, las Islas Caimán, por motivos de exención fiscal (…) y gestionado por una empresa radicada en Panamá”.
Asimismo, el documento señala que “el antiguo FAD realizó una aportación de capital a un fondo de inversión domiciliado en Mauricio, considerado paraíso fiscal”. Se trata de una aportación de capital (aprobada en agosto de 2010 por el Consejo de Ministros) al Fondo Africano de Agricultura. Este tipo de operaciones, según el Tribunal de Cuentas, “deberían excluirse categóricamente de la financiación española”. FONPRODE, recuerda el informe, “aprobó en diciembre de 2012 no autorizar nuevas operaciones de este tipo”.
A respecto, fuentes de Exteriores aseguraron ayer a The Diplomat que “la gran mayoría de las operaciones” que figuran en el informe “fueron aprobadas durante la legislatura anterior” y recordaron que, en 2012, el comité ejecutivo de FONPRODE “acordó no autorizar operaciones con fondos de capital domiciliados en territorios que España considere paraísos fiscales”. The Diplomat ha intentado contactar con los responsables de cooperación internacional del PSOE, quienes de momento no se han pronunciado.
Hace poco más de un año, en junio de 2015, la Plataforma 2015 y Más, formada por once ONGD españolas (y que cuenta con la colaboración de la AECID), recordó que la cooperación financiera reembolsable que había empezado a realizar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 (a imitación de otras agencias de cooperación europeas) había permitido la inversión de fondos públicos en intermediarios financieros y fondos de inversión que captaban capitales privados para el desarrollo de países pobres.
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Registra casos similares a lo denunciado por el Tribunal de Cuentas en otros países europeos, además de España
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La creación de este modelo coincidió con la reforma del antiguo FAD y con la creación, en 2010, del FONPRODE, que suministró “la base legal” para destinar dinero de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la participación en fondos de inversión. Esta iniciativa permitiría incrementar la ayuda española “sin incurrir en mayor déficit”, en plena crisis financiera internacional.
En mayo de 2012, un informe de EURODAD (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo) sobre las actividades de las principales agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo (Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y las instituciones financieras al desarrollo de Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Noruega, España y Suecia) reveló que la mitad de las empresas beneficiarias de este tipo de operaciones estaban radicadas en países de la OCDE que aplican el secreto fiscal o financiero (Suiza y Luxemburgo) o directamente en paraísos fiscales, como Islas Mauricio, Islas Cook, Barbados, Botsuana, Dominica, Bermuda, Santa Lucía, Belice y Seychelles.
