Ane Barcos
Austria, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía, España y Suecia han enviado una carta conjunta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en la que proponen revisar el sistema de toma de decisiones en política exterior y avanzar hacia un mayor uso de la mayoría cualificada.
Los once Estados miembros defienden en la misiva la necesidad de adaptar el proceso de decisión del Consejo de la UE para reforzar la capacidad del bloque de actuar en el ámbito internacional. Según recoge Euronews, los firmantes señalan que “la capacidad de la Unión para defender sus valores e intereses depende de si logra movilizar su peso político, económico y diplomático colectivo de forma rápida y eficaz”.
La carta reconoce que “la cultura del consenso de la Unión es una fuente importante de su legitimidad” y afirma que los Estados miembros seguirán “esforzándose por alcanzar el consenso siempre que sea posible”. No obstante, los países firmantes consideran necesario garantizar que “esta cultura del consenso fomente la acción común en lugar de impedirla”.
Actualmente, la política exterior de la UE se rige por la unanimidad, lo que permite que un solo Estado miembro bloquee una decisión respaldada por el resto. Los once gobiernos plantean explorar las posibilidades previstas en los tratados europeos para pasar, en determinados ámbitos, de la unanimidad a la mayoría cualificada.
El debate sobre esta reforma ha ganado presencia en Bruselas tras la invasión rusa de Ucrania y ante el proceso de futura ampliación de la Unión Europea. La alta representante Kaja Kallas y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han defendido la necesidad de revisar los mecanismos de decisión exterior del bloque.
Durante los últimos años, varios gobiernos europeos han señalado los bloqueos provocados por el uso del veto nacional. Hungría, bajo el mandato del primer ministro Viktor Orbán, utilizó en varias ocasiones esta herramienta para condicionar decisiones relacionadas con Ucrania, entre ellas la aprobación de un préstamo europeo de 90.000 millones de euros.
La carta advierte de que la política exterior europea se desarrolla en un contexto marcado por “la competencia estratégica, la creciente inestabilidad y los intentos de socavar el orden internacional basado en normas”. Los firmantes consideran que la UE necesita reforzar su capacidad para adoptar posiciones comunes ante estos escenarios.
El documento propone cinco líneas de actuación: reforzar “la cooperación sincera y la solidaridad mutua”, ampliar el uso de abstenciones constructivas en lugar de vetos, evitar que cuestiones ajenas condicionen decisiones de política exterior, estudiar las opciones para aplicar la mayoría cualificada previstas en los tratados y exigir “razones vitales fundamentadas” cuando un Estado pretenda bloquear una medida.
Los once países sostienen que “el marco jurídico para los cinco principios ya está establecido” y que “depende únicamente de nosotros ponerlos en práctica y, de este modo, impulsar nuestra política exterior”.
