El PP pide que España apoye el nuevo reglamento de retornos de la UE como condición para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo

Eduardo González El Grupo Parlamentario Popular ha pedido al Gobierno que vote a favor del Acuerdo provisional sobre el Reglamento de Retornos de la UE, que establece, entre otras cosas, la creación de centros de retorno en terceros países y periodos de detención de hasta 24 meses, como condición necesaria para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo en España. En una Proposición no de Ley presentada el 1 de julio para su debate en Pleno, el PP recordó que, el pasado 12 de junio, entró “plenamente en aplicación” el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), “la reforma más ambiciosa de la política migratoria y de asilo de la Unión Europea de las últimas décadas”, que “persigue reforzar el control de las fronteras exteriores, agilizar los procedimientos de asilo y retorno, combatir la inmigración ilegal y garantizar una gestión más ordenada, eficaz y coordinada de los flujos migratorios en toda la Unión”. “Persisten importantes incógnitas sobre el grado real de preparación de España para asumir las nuevas obligaciones derivadas de la normativa europea”, advierte el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, que recuerda, al respecto, que la Comisión Europea, en su último informe de implementación, señaló a España como uno de los Estados miembros que aún no habían garantizado “procedimientos de asilo y retorno en frontera, que son obligatorios desde el 12 de junio”. Según el PP, “el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo no podrá funcionar con toda su efectividad sin una adecuada política de retornos, que garantice que todo aquel que no tenga derecho a residir en nuestro país, sea efectivamente retornado”. “El nuevo Reglamento de Retornos, que previsiblemente entrará en vigor en las próximas fechas, dará a los Estados miembros nuevas herramientas y un nuevo marco legal para acelerar los procedimientos y garantizar su ejecución, en particular, la de aquellos casos de personas que supongan un riesgo para la seguridad de nuestros ciudadanos”, prosigue. “El Gobierno de España, por el contrario, es uno de los pocos que han decidido posicionarse en contra del nuevo Reglamento de Retornos”, una decisión que “vuelve a situar a nuestro país en una posición de aislamiento frente a la amplia mayoría de socios europeos y demuestra una preocupante falta de responsabilidad y solidaridad en la búsqueda de una respuesta común al desafío migratorio”, asegura el PP. Por todo ello, el PP insta al Ejecutivo a “votar a favor del Acuerdo provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y garantizar su aplicación efectiva desde el momento de su entrada en vigor”. También pide, entre otras medidas, que se tramiten, “con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español” y que se remita a las Cortes Generales “un informe detallado sobre el grado de ejecución del Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo”. El reglamento y la postura del Gobierno El reglamento, que reemplaza a la Directiva de Retorno de 2008 y al que se oponen los grupos de izquierda del Parlamento Europeo por considerar que no garantiza los derechos fundamentales, acelera las deportaciones de nacionales de países no pertenecientes a la UE, obliga a estas personas a cooperar con las autoridades de retorno, autoriza la detención de estas personas hasta por un periodo de 24 meses (o incluso más, bajo ciertas condiciones) y permite su expulsión a centros de retorno en terceros países. El pasado 8 de junio, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para la aplicación del reglamento y, tres días después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de “desproporcionadas” estas medidas por considerar que podrían vulnerar tanto los principios de la Unión Europea como el derecho internacional. En declaraciones a la prensa antes de participar en la reunión de ministros de Asuntos de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo, Grande-Marlaska afirmó que, así como el Pacto Migratorio “ha sido un paso adelante” en la política migratoria europea, el nuevo reglamento de retornos es “todo lo contrario”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró el pasado 18 de junio en Bruselas, durante la reunión del Consejo Europeo, su “rechazo a la política de retornos que se ha planteado y se ha aprobado por parte también del Parlamento Europeo, por parte del Partido Popular con la ultraderecha”. “Consideramos que hay dos aspectos negativos que justifican nuestro rechazo: en primer lugar, porque es malgastar recursos económicos, las políticas de crear o de externalizar la política migratoria a terceros países es absolutamente ineficaz, y creo que tenemos ya suficiente experiencia comparativa”, explicó. “En segundo lugar”, prosiguió, “hay un problema añadido reputacional de valores, donde el mensaje que está trasladando Europa no es precisamente el correcto, no es el de compartir el desafío de la migración conjuntamente con los países de origen y con los países de tránsito, sino trasladar un mensaje de que este es su problema para los terceros países y que Europa lo que va a hacer es ensimismarse”.

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