Bruselas pide a España que refuerce las medidas contra la corrupción en su informe anual sobre el Estado de derecho

The Diplomat El borrador del informe anual sobre el Estado de derecho de la Unión Europea de 2026, según información adelantada por Politico, señala a España por los insuficientes avances en la aplicación efectiva de las medidas contra la corrupción y en la regulación de las actividades de influencia política. El informe, que la Comisión Europea publica cada año, evalúa la situación del Estado de derecho en los 27 Estados miembros y analiza aspectos como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la calidad institucional y el pluralismo de los medios de comunicación. El documento, publicado oficialmente este viernes 17 de julio, reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno de España en materia de prevención de la corrupción, entre ellas la aprobación de la Ley de Integridad Pública y la puesta en marcha de un Plan Estatal Anticorrupción. No obstante, Bruselas considera que todavía no se ha producido una mejora suficiente en la aplicación efectiva de las normas existentes. En este contexto, la Comisión Europea reclama al Ejecutivo español que refuerce los mecanismos de control mediante la creación de una institución independiente con capacidad para investigar posibles irregularidades y aplicar sanciones cuando corresponda. El informe también recoge la falta de avances en la regulación de las actividades de influencia política y reclama la creación de un registro público obligatorio de representantes de intereses, conocido como registro de lobbies. La evaluación anual de Bruselas se publica en un contexto en el que el Ejecutivo español se ha visto afectado recientemente por varios procedimientos judiciales relacionados con casos de corrupción. Entre ellos figura la petición de condena de 24 años y 3 meses de prisión para el exministro José Luis Ábalos y de 19 años y ocho meses para su exasesor Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Además, la publicación del informe llega tres días después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y a otras nueve personas a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con las supuestas irregularidades en su contratación en 2017.

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