La ADE responde a Ayuso que los consulados siempre se ajustan a la legalidad y Albares pide a Feijóo “una disculpa pública hacia la carrera diplomática”

Eduardo González La Asociación de Diplomáticos de España (ADE) ha asegurado que “los funcionarios públicos en España son plenamente conscientes de que es su obligación cumplir con la legalidad”, en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posible complicidad de cónsules y funcionarios con el supuesto intento del Gobierno de alterar el censo electoral a través de la Ley de Memoria Democrática (“Ley de Nietos”). Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado la “gran deslealtad” del PP “hacia el servicio exterior de España” y le ha reclamado una “disculpa pública”. El pasado lunes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaró a EsRadio que la “Ley de Nietos” es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. “Hay un interés evidente de conseguir nuevos votantes porque con los actuales no le salen las cuentas”, denunció. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió también el lunes de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal, y ahí queda nuestro aviso”. Antes que el PP, la primera piedra contra la “Ley de Nietos” fue lanzada por Vox, cuyo secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, declaró esta semana que esta norma supone un “golpe de Estado a cámara lenta” y reclamó su suspensión y que se prive a los españoles residentes en el extranjero del voto por correo, de manera que sólo puedan votar directamente de forma presencial en los consulados o embajadas. “Estos avisos son innecesarios porque los funcionarios públicos en España son plenamente conscientes de que es su obligación cumplir con la legalidad”, declaró a La Sexta el presidente de la ADE, Alberto Virella, en respuesta a Díaz Ayuso. También pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que les suministre “toda la información necesaria” sobre este proceso y les dote de más medios para hacer frente a las solicitudes de nacionalidad. Por su parte, en declaraciones en el programa ‘Mañaneros 360’, de TVE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que “lo que están haciendo el Partido Popular y el señor Feijóo es una traición al pueblo español y a los españoles”. “Lo que el Partido Popular quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar”, insistió el ministro, quien advirtió de que “la inmensa mayoría de esos españoles que residen en estos momentos en el exterior, son españoles de nacimiento”. Asimismo, denunció la “enorme hipocresía” de Feijóo y del PP porque “lo que llevaban en su programa electoral del año 2023 era precisamente esta ley”. Concretamente, el programa electoral para las elecciones del 23 de julio de 2023 proponía que se garantizase el derecho a la nacionalidad española a los descendientes de españoles a través de “una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada” y mediante “el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”. Albares también criticó la “gran deslealtad” de Feijóo “hacia el servicio exterior de España y hacia la carrera diplomática española, que son todos y cada uno de ellos extraordinarios profesionales que cumplen escrupulosamente la ley y que lo único que hacen es defender a los españoles”. “El Partido Popular intenta amedrentar a los cónsules diciéndoles que toman nota”, añadió, en referencia a las palabras de Díaz Ayuso. “Yo exijo al señor Feijóo una disculpa pública hacia la carrera diplomática y hacia el servicio exterior de España”, prosiguió Albares. “Son todos ellos personas de una honorabilidad intachable y de una extraordinaria profesionalidad”, añadió. Díaz Ayuso Durante un acto público, Díaz Ayuso declaró el lunes que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal, y ahí queda nuestro aviso” y denunció que “multiplicar agentes gubernamentales en las Embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral”. “El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios para obtener al siguiente escaño”, agregó la presidenta madrileña Al respecto, Alberto Virella advirtió, en declaraciones a “El Periódico”, que “no es discrecional la elección de la provincia en España a la que se manda el voto desde los consulados”. “El municipio y provincia, a efectos electorales, está marcado por criterios de arraigo acreditado: el último padrón en España del español que resida en el exterior, el origen demostrable de los ascendientes o la provincia donde tenga un vínculo laboral o profesional de otro tipo. Nunca le corresponde por defecto Madrid y desde luego no lo que elija el funcionario”, añadió. Respuesta de Exteriores En respuesta a estas palabras, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó “tajantemente las acusaciones e insinuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que los cónsules y el personal del servicio exterior español pudiera no cumplir la Ley” y recordó que “los encargados de las oficinas consulares son funcionarios diplomáticos de carrera y cumplen siempre la normativa vigente en el ejercicio de sus funciones”. “Esas afirmaciones son completamente inaceptables e impropias de una autoridad pública y exigimos que se disculpe con estos servidores públicos de España que en todo momento no solo cumplen la ley escrupulosamente, sino que realizan una tarea insustituible en favor de los españoles que viven en el exterior”, advirtieron fuentes de Exteriores a The Diplomat. “De igual manera, la vinculación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Congreso en 2022 y en consonancia con otras leyes similares en países europeos cuyos ciudadanos sufrieron exilio forzoso por falta de libertades, como Alemania, Italia o Portugal, con un intento de alterar el censo, es un bulo mayúsculo”, añadieron. La Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007, está en vigor desde octubre de 2022 después de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y con los votos en contra, entre otros, de Partido Popular y Vox. La norma concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. El plazo para solicitar la nacionalidad española en aplicación de la Ley concluyó en octubre de 2025 con un balance de casi 415.000 concesiones. El 42% de las solicitudes se presentaron en Argentina.

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