La polarización política marca el debate en el Congreso sobre los derechos humanos en Cuba

Eduardo González La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó este miércoles, por voto ponderado, una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a denunciar la represión política, la ausencia de libertades y el “fracaso estructural” de “la dictadura cubana” ante los “foros internacionales competentes, incluyendo Naciones Unidas, la Unión Europea y las cumbres iberoamericanas”, y a elaborar “una relación de presos políticos con nacionalidad española en Cuba o que requieran de asistencia consular urgente, médica o humanitaria”. El resultado de la votación fue, exactamente, de 18 votos a favor, con el apoyo de PP y Vox, y 18 en contra, en este caso por los votos, sobre todo, de PSOE y Sumar, además de una abstención. En segunda votación se produjo el mismo resultado y, finalmente, la mesa decidió otorgar la victoria al ‘sí’ en aplicación del llamado “voto ponderado”, en virtud del cual el sufragio de cada portavoz es equivalente al número de miembros de su respectivo Grupo. PP Durante el debate, Belén Hoyo, del PP, afirmó que “en Cuba la pobreza es real, la represión es real, los presos políticos son reales, la falta de libertad es real, la emigración masiva es real, la escasez de medicamentos es real, los apagones son reales”, pero advirtió de que “la cuestión no es qué ocurre en Cuba, la cuestión es por qué, tras más de seis décadas, todavía hay quien justifica lo que está sucediendo allí, y ahí es donde aparece la doble moral”. “Este es un debate sobre la coherencia democrática de esta Cámara”, prosiguió. “¿Están dispuestos a condenar una dictadura cuando esa dictadura declara tener su misma ideología o sus principios democráticos dependen de quién oprime y quién deprime? Cuba es una dictadura y quien todavía tenga dificultades para pronunciar esta palabra tiene un problema político y moral”, manifestó. Según Hoyo, esta iniciativa “exige cuestiones elementales: exige la liberación inmediata, incondicional y plena de todos los presos políticos, exige denunciar la represión sistemática del régimen castrista, exige más implicación de la Unión Europea y de nuestros aliados internacionales” y “exige que España vuelva a tener una política exterior coherente con los valores democráticos que dice defender”. “El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido durante estos últimos años una posición complaciente con distintos regímenes autoritarios, no sólo el cubano, y los españoles tienen derecho a preguntarse si determinadas afinidades ideológicas, determinadas relaciones personales o determinados intereses económicos han pesado más que la defensa de la democracia y los derechos humanos”, advirtió. “España debe estar junto con las democracias aliadas en defensa de una transición inmediata, pacífica, ordenada y plenamente democrática en Cuba”, añadió. PSOE Por su parte, Rafaela Romero, del PSOE, aseguró que, “obviamente, el Gobierno de España a lo largo de los años se ha manifestado en contra de la vulneración de los derechos políticos y las libertades fundamentales que se hace por parte del régimen en el pueblo cubano”, pero anunció que su partido no iba a apoyar esta iniciativa “porque es un texto incompleto, desequilibrado, parcial y absolutamente acorde a un relato que no es real”. “La defensa de los derechos humanos no es que no pueda ser selectiva, es que no puede utilizarse como arma ideológica contra gobiernos incómodos, porque exige denunciar toda vulneración de derechos de donde venga y defender también el derecho de los pueblos a decidir su futuro sin injerencias externas ni castigos colectivos”, prosiguió. En cambio, denunció, esta iniciativa “instrumentaliza los derechos humanos para hacer propaganda ideológica”. “No vamos a aceptar lecciones del Partido Popular sobre democracia y libertades cuando su propuesta señala únicamente aquello que encaja en su relato y omite deliberadamente el impacto de un bloqueo económico que durante más de 60 años ha castigado al pueblo cubano y ha sido rechazado reiteradamente por la comunidad internacional”, afirmó. “Esta iniciativa vuelve a poner de manifiesto la paupérrima concepción de la democracia que mantiene la derecha, una democracia entendida como un supermercado donde se eligen los derechos que conviene defender y las libertades que interesa visibilizar, mientras ignoran aquellas que afectan a las mayorías sociales”, insistió. Vox Por parte de Vox, José María Sánchez García afirmó que “Sumar y Podemos, aunque puedan decir lo contrario, siguen pensando que lo que sucede en Cuba, desde el punto de vista político, es lo mejor que le puede suceder a cualquier país del mundo” porque “siguen siendo marxistas, leninistas, algunos trotskistas” y “justifican este régimen de represión por unos postulados ideológicos que siguen manteniendo, en mi opinión, de una forma anacrónica”. “Luego está el Partido Socialista, que es un partido más moderado en esto, no por ello más inteligente, no por ello más realista, pero sí más ladino”, porque “toda su política exterior la practica y la defiende en términos de lo que le conviene internamente, es decir, aquello que piensa que puede agradar a su electorado, que hoy está contraído al electorado más izquierdista de la nación”, denunció. Sumar Por su parte, Enrique Santiago, de Sumar, afirmó que el objetivo de la iniciativa es “ocultar un crimen de lesa humanidad perpetrado por Trump contra diez millones de habitantes de Cuba, incluidos los cubanos presos y sus familias”. “No hay violación de los derechos humanos más grande que la asfixia económica y energética a la que la Administración Trump está sometiendo a Cuba”, insistió. “Tras 60 años de bloqueo por Estados Unidos de sanciones contrarias al derecho internacional condenadas año tras año en la Asamblea General de Naciones Unidas de forma unánime, hoy el Partido Popular y Vox actúan como siervos de la Administración Trump, apuñalando a un pueblo hermano que es atacado por la mayor potencia mundial”, denunció. El texto, prosiguió, no tiene “ni una palabra sobre las amenazas de la Casa Blanca contra empresas españolas en Cuba, como Iberostar o Meliá, que han tenido que abandonar la isla para ceder el negocio turístico a quien decidan los Estados Unidos”. “Sus visitas a la Embajada (de Estados Unidos) son para recibir órdenes de quien está acabando con el derecho internacional y con la paz mundial”, aseguró Santiago, quien pidió al Partido Popular que “no colabore con la estrategia de usar el hambre y la sed como arma de guerra contra todo un pueblo” y acusó al partido conservador de “apoyar la intervención militar de los Estados Unidos contra nuestros hermanos y hermanas cubanas”. El texto aprobado La Proposición no de Ley insta al Gobierno a “condenar la existencia de presos políticos y de conciencia en Cuba, así como la represión ejercida por el régimen cubano contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de opositores, artistas, estudiantes, religiosos y ciudadanos”, y a “exigir al régimen cubano la liberación inmediata, incondicional y con plenitud de derechos de todos los presos políticos y de conciencia, rechazando cualquier fórmula de excarcelación parcial, condicionada, sometida a arresto domiciliario, vigilancia, destierro forzoso o restricción posterior de libertades civiles y/o políticas”. Asimismo, pide al Gobierno que respalde “expresamente el Acuerdo de Liberación suscrito de forma unitaria por organizaciones cívicas, opositoras y de resistencia democrática cubanas, como una referencia para articular una salida democrática, pacífica y ordenada a la dictadura” y que elabore, “en coordinación con organizaciones internacionales de derechos humanos, una relación de presos políticos con nacionalidad española en Cuba, o que requieran de asistencia consular urgente, médica o humanitaria”. El texto insta también al Gobierno a “denunciar en los foros internacionales competentes, incluyendo Naciones Unidas, la Unión Europea y las cumbres iberoamericanas, la situación de crisis social, económica y humanitaria que vive Cuba como consecuencia de décadas de dictadura, represión política, ausencia de libertades y fracaso estructural del modelo impuesto por el régimen”. La próxima Cumbre Iberoamericana se celebrará, precisamente, el próximo mes de noviembre en Madrid.

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