La amenaza lanzada este fin de semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles progresivos a varios países europeos por su presencia militar en Groenlandia ha elevado de forma abrupta la tensión política y estratégica entre ambas orillas del Atlántico. El anuncio, formulado en términos explícitos de presión económica para forzar la “compra completa y total” de la isla, ha desencadenado una reacción coordinada de las instituciones europeas, de los principales líderes nacionales y de los países aliados implicados, al tiempo que ha provocado movilizaciones ciudadanas y primeros gestos de repliegue militar. El episodio confirma que el Ártico ha dejado de ser un espacio periférico para convertirse en un nuevo epicentro de confrontación geopolítica.
La escalada se activó con un mensaje publicado por Donald Trump en la red social Truth, en el que anunció que “a partir del 1 de febrero de 2026” impondrá un arancel del 10 % a todos los bienes exportados a Estados Unidos por Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia. Según el propio presidente, ese gravamen se elevará al 25 % el 1 de junio de 2026 y se mantendrá “hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. El mensaje introduce, sin ambigüedades, la utilización del comercio como instrumento de coerción territorial, una lógica que rompe con los consensos tradicionales del sistema internacional liberal.
La respuesta institucional europea fue inmediata. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que la Unión Europea “defenderá la soberanía, la integridad territorial y los intereses económicos de sus Estados miembros”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó que “las fronteras y los territorios no están sujetos a negociación comercial”. Ambos mensajes apuntan a un cierre de filas institucional poco habitual en un asunto de seguridad ártica, tradicionalmente tratado con mayor discreción.
En paralelo, los principales jefes de Estado y de Gobierno europeos elevaron el tono político. El presidente francés Emmanuel Macron calificó las amenazas arancelarias de “inaceptables entre aliados”, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz advirtió de que “la presión económica no puede sustituir al derecho internacional”. El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez insistió en que Groenlandia “no es una mercancía”, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni reclamó preservar la cohesión atlántica frente a “derivas unilaterales”.
La dimensión social de la crisis se hizo visible este domingo en Copenhague, donde miles de personas se manifestaron en apoyo a Dinamarca y al pueblo groenlandés, en una protesta que combinó símbolos nacionales con consignas en defensa del derecho internacional. La movilización refuerza la percepción de que el conflicto ya no se limita a despachos diplomáticos, sino que empieza a permear la opinión pública europea, especialmente en los países nórdicos.
En el plano militar y aliado, los ocho países europeos y miembros de la NATO que desplegaron tropas en Groenlandia difundieron un comunicado conjunto reafirmando su “plena solidaridad” con Dinamarca y subrayando que el ejercicio danés Arctic Endurance “no supone ninguna amenaza para nadie” y responde al refuerzo de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. No obstante, la tensión ya ha tenido consecuencias prácticas: Alemania ha iniciado la retirada de los quince soldados desplegados en la isla, que regresan a Copenhague tras la amenaza arancelaria. El gesto, limitado en términos operativos, ilustra hasta qué punto la presión económica de Washington está alterando equilibrios militares y políticos en un territorio clave para el futuro estratégico europeo.
En el plano jurídico y comercial, varios responsables europeos han recordado además que el presidente estadounidense no puede imponer aranceles de forma selectiva a Estados miembros individuales, ya que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Cualquier medida de este tipo afectaría necesariamente al conjunto del bloque y activaría los mecanismos de respuesta comunitarios. De hecho, en Bruselas y en varias capitales europeas ya se escuchan voces que reclaman revisar o incluso suspender el actual acuerdo comercial UE-Estados Unidos, alcanzado tras la crisis arancelaria del pasado verano con Washington, al considerar que la amenaza de Trump vulnera su espíritu y confirma la fragilidad del marco transatlántico en un contexto de creciente instrumentalización política del comercio.