Roberto Veiga González
Abogado y politólogo / Colaborador de la Fundación Alternativas
El reajuste hegemónico y el retorno de las zonas de influencia
El sistema internacional atraviesa una transformación estructural que trasciende la simple transición de poder entre Estados. Estamos ante la erosión del orden global de la posguerra —basado en el multilateralismo y el Derecho Internacional— para dar paso a una lógica fragmentada y asimétrica. En este nuevo escenario, las grandes potencias operan mediante acuerdos, muchas veces tácitos, que delimitan o imponen esferas de influencia, evocando las prácticas del siglo XIX.
Esta dinámica se caracteriza por ser menos normativa y más transaccional. Las prioridades son tres: maximización de beneficios económicos, control político-territorial y proyección de poder como garantía de estabilidad. En este proceso, la soberanía deja de ser un principio universal para convertirse en un argumento selectivo, invocado por los actores dominantes según su conveniencia estratégica.
Estados Unidos y su nueva política continental
En este contexto, Estados Unidos parece haber inaugurado una nueva fase de su política hacia América Latina, caracterizada por una combinación de pragmatismo estratégico y reafirmación hegemónica. La normalización de una fuerte presencia militar en el Caribe, junto con esfuerzos sostenidos para limitar o desplazar la influencia económica de China y de la Unión Europea en la región, apuntan a un rediseño del hemisferio como espacio prioritario de control estadounidense.
Esta política responde a una estrategia multidimensional. Por un lado, se articula en torno a la seguridad nacional, entendida de manera ampliada: control de rutas marítimas, contención de flujos ilícitos y combate al denominado “narcoterrorismo”. Por otro, incorpora intereses energéticos y comerciales que buscan asegurar mercados favorables al dólar y a las empresas estadounidenses. Finalmente, se inscribe en una competencia geopolítica directa con potencias extra hemisféricas, cuya presencia en América Latina es percibida en Washington como una amenaza estratégica de largo plazo.
El mensaje implícito es claro: la autonomía política de los gobiernos latinoamericanos encuentra límites precisos cuando entra en tensión con los intereses centrales de la Casa Blanca. En este marco, la disuasión regional se convierte en un instrumento clave frente a aquellos Estados que intenten desarrollar políticas soberanas no alineadas con Estados Unidos.
Venezuela como laboratorio político
La elección de Venezuela como punto de partida de esta nueva política no resulta casual. La fragilidad política del “madurismo” tras el controvertido proceso electoral de 2024 ofreció una ventana de oportunidad excepcional. Desde la perspectiva estadounidense, Caracas reunía dos condiciones decisivas: una severa crisis de legitimidad interna y un historial documentado de vulneraciones a los derechos humanos, elementos que suelen debilitar cualquier defensa sólida del principio de soberanía estatal.
Esta situación permite, además, contrarrestar a los gobiernos regionales que cuestionan radicalmente el intervencionismo estadounidense. El argumento puede resultar eficaz: quienes invocan la soberanía para rechazar la presión sobre Venezuela guardaron silencio —o carecieron de eficacia— ante la vulneración de los derechos fundamentales de su propia población.
En este punto emerge una cuestión central: la soberanía no debe concebirse exclusivamente como una prerrogativa formal del Estado, sino como la capacidad real de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Para ello, se requieren condiciones que en América Latina suelen ser frágiles, tales como un Estado de Derecho sólido, un pacto social inclusivo y una democracia que armonice la libertad con el bienestar. Cuando estos elementos se ausentan, el discurso soberano degenera en una defensa del poder por el poder mismo o en una simple coartada ideológica.
La reciente convergencia —todavía opaca— entre sectores duros del chavismo y el presidente Donald Trump, junto a su círculo de confianza, sugiere un posible patrón de actuación futura de Estados Unidos en el hemisferio. También anticipa el tipo de respuestas que Washington podría esperar de los gobiernos latinoamericanos: cooperación pragmática, contención de conflictos y aceptación tácita de una jerarquía regional. Sin embargo, dadas las condiciones políticas, económicas y geoestratégicas en las que se produce este entendimiento, resulta extremadamente difícil prever sus efectos inmediatos y, sobre todo, sus consecuencias a mediano plazo.
Cuba ante una encrucijada estructural
Cuba se encuentra en una posición de extrema fragilidad. La inviabilidad de su sistema económico, dependiente del petróleo de Venezuela y México, obliga al gobierno de La Habana a una decisión de supervivencia: aceptar una degradación definitiva hacia el «cuarto mundo» o emprender transformaciones profundas.
Es probable que la élite cubana opte por cambios que preserven su control y seguridad. Sin embargo, no debe asumirse que estas reformas conducirán automáticamente a una democracia plena o al Estado de Derecho. En el nuevo orden transaccional, a Washington podría interesarle una Cuba que contribuya a la lucha contra el crimen organizado y que logre un nivel de bienestar suficiente para frenar la emigración masiva.
Bajo esta lógica, Estados Unidos incluso podría contemplar un acuerdo bilateral de beneficio mutuo. No obstante, existe un factor condicionante: la influencia electoral de la comunidad cubana en Florida. Esto convierte la relación con la Isla en un asunto de política interna estadounidense, lo que obligaría a Washington a exigir algún tipo de apertura política en Cuba como moneda de cambio para cualquier negociación.
Las hegemonías en reconfiguración no se rigen por principios normativos, sino por esas tres prioridades que parecen estructurar el nuevo orden emergente: economía, control y poder. Si estas lógicas ya permiten la cooperación entre sectores duros del chavismo y una administración estadounidense ideológicamente distante, tampoco resulta implausible que, bajo determinadas condiciones, se extiendan a sectores del poder en Cuba. La historia demuestra que los antagonismos ideológicos pueden ceder ante intereses estratégicos compartidos.
¿Una ventana para procesos paralelos?
A pesar de la incertidumbre, este escenario podría facilitar una propuesta necesaria: la articulación de dos procesos interdependientes.
Un proceso interno entre cubanos orientado a resolver las causas de la crisis nacional, que constituye la razón política fundamental de cualquier salida sostenible.
Un proceso entre Cuba y Estados Unidos porque, si bien el conflicto bilateral no es la “causa eficiente” de la crisis, la normalización de las relaciones bilaterales aliviaría las condiciones asfixiantes y daría margen de maniobra a la sociedad cubana para decidir su futuro.
Conclusión: El desafío democrático
La reconfiguración del orden internacional no anuncia el fin de la soberanía, sino su redefinición en términos más crudos y desiguales. En un mundo donde las reglas se subordinan al poder, la verdadera soberanía no se medirá por la capacidad de resistir presiones externas, sino por la habilidad de construir Estados legítimos, capaces de proteger a sus ciudadanos y de negociar desde la fortaleza institucional, no desde la fragilidad.
América Latina —y en particular países como Venezuela y Cuba— se encuentra ante una disyuntiva histórica. Puede seguir siendo un objeto pasivo de las nuevas hegemonías o convertirse en un sujeto político capaz de articular democracia, derechos y autonomía real. En un orden internacional que vuelve a parecerse peligrosamente al del siglo XIX, la única defensa sostenible frente al poder desnudo no es el aislamiento ni la retórica, sino la legitimidad democrática como fuente última de autoridad y resiliencia.