Introducción
La vecindad sur vuelve a ocupar un lugar central en la agenda exterior española. La presión migratoria en las rutas occidental y atlántica, la inestabilidad del Sahel y la contestación social en varios países del Magreb han convertido el Mediterráneo en un espacio donde seguridad, desarrollo, energía y movilidad se entrelazan. España se proyecta como impulsor de un enfoque europeo basado en la corresponsabilidad: más cooperación operativa con Marruecos y Mauritania, instrumentos de gestión de fronteras y retorno a escala UE, y un paquete de desarrollo que desactive los incentivos a la salida irregular. Pero la materialización de este enfoque afronta dilemas de legitimidad y eficacia: la cooperación con regímenes cada vez más autoritarios, la aplicación de salvaguardas de derechos, y la necesidad de indicadores creíbles de impacto. En este contexto, Madrid intenta anclar su liderazgo en la vecindad sur combinando iniciativa diplomática, coordinación con Bruselas y resultados medibles en flujos y rescates.
- La lógica estratégica del “sur” en la política exterior española
Para España, la vecindad sur no es un capítulo sectorial, sino la primera línea de su seguridad nacional y de su proyección europea. La geografía y los vínculos demográficos y económicos generan un interés directo sobre el Estrecho, Canarias y el Mediterráneo occidental. Este interés se traduce en prioridades: contención de salidas irregulares, promoción de canales de movilidad legal, cooperación policial y judicial contra redes de tráfico, y estabilidad económica-energética. En el plano europeo, España defiende una lectura integral: la migración irregular no se resuelve con patrullas y muros, sino con cadenas de valor compartidas, inversión en infraestructuras y gobernanza regional. La narrativa de corresponsabilidad es el punto de apoyo para movilizar instrumentos de la UE, alinear socios como Francia, Italia o Portugal, y proyectar a España como mediador fiable con Rabat, Nuakchot y Túnez. Los datos sobre la caída interanual de entradas irregulares ayudan a sostener que la combinación de cooperación operativa y presión sobre redes criminales produce efectos, al menos en el corto plazo.
- Marruecos y Mauritania: socios clave, beneficios y costes del modelo
El eje operativo de la estrategia española se apoya en dos socios: Marruecos, pieza crítica para la ruta occidental y el control de los corredores hacia Ceuta y Melilla, y Mauritania, esencial para la ruta atlántica hacia Canarias. Con Rabat, la relación tras la crisis de 2021 se reencauzó sobre la base de cooperación policial, intercambio de información y apoyo financiero y técnico en control fronterizo. Las cifras marroquíes sobre intentos frustrados de salida ilustran el alcance del esfuerzo y refuerzan la percepción de eficacia del tándem Madrid–Rabat. Con Mauritania, España ha promovido acuerdos bilaterales y en clave UE para fortalecer capacidades de guardacostas, gestión de retornos y lucha contra redes. Las visitas de alto nivel y los convenios sectoriales firmados en 2025 consolidan un marco de cooperación que Madrid presenta como modelo de “copropiedad” de la frontera. Al mismo tiempo, informes de ONG y organismos internacionales han señalado vulneraciones en centros de detención y prácticas policiales en la región, alertando del riesgo de que la externalización de controles derive en costos reputacionales y legales para la UE y para España si no se integran salvaguardas efectivas de derechos.
- Túnez y la dimensión europea: condicionalidad, transparencia y resultados
El acuerdo UE–Túnez se ha convertido en el caso paradigmático de la “corresponsabilidad” en tensión con los derechos. Mientras Bruselas y varios Estados miembros sostienen que los fondos y el apoyo técnico ayudan a reducir salidas y salvar vidas, una parte del Parlamento Europeo y diversas organizaciones cuestionan la falta de condicionalidad y de mecanismos de control. En términos de eficacia, análisis independientes señalan que la ejecución presupuestaria y la entrega de equipos llevan tiempo, de modo que los efectos sobre flujos se miden con retraso y con alta volatilidad. Túnez ha publicitado repatriaciones voluntarias de migrantes en coordinación con la OIM, mientras persisten denuncias de expulsiones internas y trato degradante, lo que tensiona el discurso europeo de “asociaciones por los valores”. Para España, la línea fina pasa por mantener el impulso a la cooperación pragmática que reduce salidas peligrosas, pero anclarla en cláusulas de derechos exigibles y auditorías transparentes que eviten la percepción de que la UE “financia abusos” a cambio de resultados de corto plazo.
- Movilidad legal, retornos y desarrollo: el triángulo que falta completar
La experiencia de los últimos años muestra que el control por sí solo desplaza rutas y eleva costes humanos. Madrid ha defendido combinar control con movilidad legal y cooperación al desarrollo. En movilidad, el Ministerio del Interior y el de Inclusión han impulsado esquemas de migración laboral y circular con países africanos prioritarios, buscando cubrir necesidades sectoriales en España y crear incentivos a la vía regular. En retornos, la coordinación con Frontex y con países de origen requiere acuerdos de readmisión eficaces y respetuosos con las garantías; aquí, España aboga por “palancas positivas” (visados, formación, inversión) frente a condicionalidades punitivas difíciles de sostener en el tiempo. En desarrollo, el despliegue del Global Gateway en el norte de África y el Sahel puede ser la pieza transformadora si se focaliza en proyectos de empleo juvenil, resiliencia alimentaria, interconexiones energéticas y digitalización. La clave es la credibilidad: proyectos visibles, gobernanza local y evaluación de impacto. Sin esa pata, el discurso de corresponsabilidad corre el riesgo de quedarse en seguridad y control, perdiendo legitimidad social en el sur y apoyo político en Europa.
- Gobernanza europea y posición española: del caso por caso a una arquitectura común
España está empujando en Bruselas una transición desde la negociación país por país hacia una arquitectura europea estable para la vecindad sur. Esto incluye mandato claro para Frontex en operaciones marítimas y aéreas con Estados socios; ventanilla única para financiación de capacidades fronterizas con salvaguardas; sistema de datos interoperable entre agencias europeas y fuerzas de seguridad del norte de África con estándares de protección de datos; y cláusulas automáticas de revisión y suspensión de ayuda cuando se acrediten violaciones graves. La caída de entradas irregulares en 2025 ofrece oxígeno político para construir este marco, pero no debería convertirse en el único indicador de éxito: España plantea incorporar métricas sobre desarticulación de redes, víctimas rescatadas, corredores de movilidad legal creados y proyectos de desarrollo puestos en marcha. El objetivo es proteger un consenso europeo frágil —entre sur y norte, progresistas y conservadores— en torno a una política que combine eficacia y valores. En paralelo, Madrid trabaja para que la Unión por el Mediterráneo, a menudo percibida como foro declarativo, gane tracción operativa en energía verde, conectividad y resiliencia climática, ámbitos con retorno socioeconómico tangible que pueden aliviar presiones migratorias estructurales.
- Riesgos, ventanas de oportunidad y hoja de ruta
Los riesgos de la estrategia son claros. Primero, el desplazamiento de rutas: el refuerzo en Marruecos y Mauritania puede derivar en mayores salidas desde Argelia o Libia, como ya se ha observado en ciclos anteriores. Segundo, el riesgo reputacional por asociación con prácticas abusivas, en particular en Túnez, que puede activar litigios y erosionar el apoyo parlamentario en la UE. Tercero, la volatilidad política: crisis diplomáticas o cambios internos en países socios pueden convertir la cooperación en palanca de presión, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Las oportunidades, no obstante, también son significativas. La tendencia descendente de entradas irregulares brinda margen para pasar del “modo crisis” al “modo diseño”, consolidando estándares comunes y financiación plurianual estable. La agenda energética —interconexiones eléctricas, hidrógeno renovable, cables submarinos— ofrece proyectos de alto impacto que alinean intereses del norte y del sur. Y los pilotos de movilidad legal y circular pueden escalarse para sectores con escasez estructural en España y en otros Estados miembros, reforzando la narrativa de vías seguras y ordenadas. La hoja de ruta plausible para Madrid pasa por institucionalizar la cooperación con Marruecos y Mauritania con mecanismos de verificación independientes; condicionar la ayuda a Túnez a criterios verificables de derechos y transparencia; anclar en el Consejo una caja de herramientas UE para la vecindad sur que integre fronteras, movilidad y desarrollo; medir éxito con indicadores más amplios que las llegadas; y mantener una diplomacia pública que explique objetivos y límites, reduciendo ruido y polarización.
Claves del análisis
Contexto: La vecindad sur es prioridad de España por razones de seguridad y estabilidad. La estrategia de corresponsabilidad combina cooperación con Marruecos y Mauritania, acuerdos UE con países como Túnez y el despliegue de instrumentos europeos como Frontex y Global Gateway. Los datos recientes apuntan a un descenso de entradas irregulares en 2025, mientras crecen las críticas por vulneraciones de derechos en el control migratorio en el norte de África.
Implicaciones: El modelo español gana tracción en la UE porque produce resultados operativos en rutas occidental y atlántica y porque ofrece una narrativa de equilibrio entre control y cooperación. Sin embargo, la legitimidad del enfoque depende de incorporar condicionalidad en derechos, transparencia del gasto y métricas de impacto más allá de las llegadas. Una crisis en cualquiera de los socios podría desestabilizar el andamiaje.
Perspectivas: Ventana de oportunidad para pasar a una arquitectura europea estable de vecindad sur, con estándares y financiación plurianual. Prioridades: institucionalizar verificación independiente en acuerdos, escalar movilidad legal y acelerar proyectos energéticos y de empleo juvenil. Si España logra alinear eficacia y valores, consolidará su liderazgo en la política mediterránea de la UE; si no, el modelo quedará expuesto a críticas por externalización y a vaivenes políticos en la ribera sur.
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