La aprobación del nuevo Pacto de Migración y Asilo busca cerrar una década de divisiones en la política migratoria europea. El acuerdo combina mecanismos de solidaridad obligatoria con un refuerzo del control de fronteras exteriores, pero su aplicación real dependerá de la capacidad de los Estados miembros para cooperar y de la presión de las crisis migratorias futuras.
Un consenso tras años de bloqueo
El nuevo Pacto pretende superar el sistema de Dublín, que dejaba a los países de primera entrada —como España, Italia o Grecia— con la carga principal de la acogida. Ahora, todos los Estados miembros deberán participar, bien acogiendo solicitantes de asilo, bien contribuyendo económicamente o con recursos materiales y personal. Se trata de un compromiso político largamente esperado tras años de fracaso en la gestión común.
Refuerzo del control fronterizo
La otra cara del Pacto es el fortalecimiento de las fronteras exteriores. Se introduce un procedimiento acelerado en frontera para solicitudes con baja probabilidad de éxito y se amplían las capacidades de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). La UE busca así responder a la presión social y política que exige más seguridad y rapidez en las expulsiones.
Las tensiones internas
A pesar del acuerdo, persisten tensiones. Países del Este, como Hungría y Polonia, rechazan de plano el reparto de solicitantes. Otros Estados temen que los pagos económicos se conviertan en un atajo para no asumir responsabilidades. Además, las ONG critican que el refuerzo de controles puede poner en riesgo derechos fundamentales en las fronteras.
El factor externo
La UE ha reforzado su política de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios, como el pacto con Túnez o la cooperación con Marruecos. Esta externalización genera controversia: permite reducir llegadas, pero a costa de depender de regímenes poco estables y de cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos.
España en primera línea
España, como frontera sur de Europa, es uno de los países más afectados. El Gobierno defiende el pacto porque reconoce la necesidad de solidaridad y reparto, pero mantiene reservas sobre la eficacia de los mecanismos de compensación y el riesgo de que los países de primera entrada sigan soportando la presión inicial. Al mismo tiempo, España busca reforzar su papel en los acuerdos con el Magreb, consciente de que la gestión externa es clave para reducir llegadas irregulares.
Conclusión
El nuevo Pacto de Migración y Asilo es un avance político significativo para la UE tras años de bloqueo, pero su éxito dependerá de la implementación práctica y de la voluntad de los Estados de cumplir lo pactado. Si funciona, puede reforzar la cohesión interna y aliviar a los países de primera entrada. Si fracasa, el riesgo es perpetuar una Europa dividida y vulnerable ante cada nueva crisis migratoria.
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