La reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía ha reabierto un debate que parecía clausurado desde 2022: la posibilidad de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Varsovia, alarmada por el sobrevuelo de 19 aparatos no tripulados, derribados en parte por sus fuerzas y aliados, ha instado a la OTAN y a la Unión Europea a considerar esta medida para reforzar la seguridad regional.
El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, afirmó que las capacidades técnicas para implementar la zona existen, pero subrayó que la decisión no puede ser unilateral. La petición refleja el temor creciente de que los ataques aéreos rusos contra Ucrania se extiendan a los países vecinos, desafiando los límites de la defensa colectiva.
La propuesta, sin embargo, enfrenta los mismos dilemas que en el inicio de la invasión: una exclusión aérea implicaría que aviones de la OTAN derribasen drones o aeronaves rusas, con el consiguiente riesgo de escalada militar. Esa fue la razón por la que la Alianza descartó la idea hace tres años, pese a la insistencia de Kyiv.
Ahora, tras la activación del Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte por parte de Polonia, el asunto regresa al primer plano. El gobierno de Donald Tusk ha prometido acelerar la modernización militar, mientras la opinión pública se polariza entre la necesidad de proteger la soberanía y el temor a un choque directo con Moscú.
En lo diplomático, la solicitud polaca es algo más que un gesto defensivo: obliga a los aliados a plantearse si la protección de Ucrania debe extenderse también a la seguridad de toda la frontera oriental de la Unión. Lo que está en juego no es solo la eficacia de la defensa aérea, sino la credibilidad de la arquitectura de seguridad europea en su conjunto.