<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Europa ha pedido a España que aclare, en un plazo de tres meses, el supuesto uso de los programas informáticos Pegasus, Candiru y otros softwares de espionaje para la “vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos”, concretamente de políticos independentista catalanes (el llamado caso <em>Catalangate</em>).</strong></h4> El borrador de resolución, autorizado ayer por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, elaborado por el diputado neerlandés Pieter Omtzigt, del PPE, y que está sujeto a enmiendas antes de su votación en el pleno de Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) para su aprobación definitiva (que tendrá lugar entre el 9 y el 13 de octubre), expresa su preocupación por <strong>“las crecientes pruebas de que Pegasus y similares han sido usados ilegalmente o para fines ilegítimos por varios Estados miembros incluso contra periodistas, opositores políticos, defensores de los Derechos Humanos y abogados”.</strong> Concretamente, el texto asegura que catorce de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos España, “han adquirido y usado Pegasus para vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos”. Asimismo, advierte de que el uso de programas de espionaje debería limitarse a “delitos realmente serios” como el terrorismo y, en todo caso, como último recurso para investigar amenazas reales y genuinas a la seguridad nacional y únicamente contra personas sospechosas de este tipo de actos. Por ello, afirma que el uso de estos programas para desacreditar y silenciar a oponentes político puede constituir una vulneración de los derechos humanos. <strong>En el caso de España, el informe indica que “65 personas relacionadas con el independentista catalán fueron presuntamente atacadas con Pegasus o Candiru, 18 de las cuales fueron catalogadas como objetivos legales por parte de las autoridades españolas”.</strong> Aparte, lamenta que España todavía no haya suministrada la información solicitada por el Parlamento Europeo a principios de 2023 después de destaparse el <em>Catalangate</em>, en marzo de 2022. Por ello, el Consejo de Europa pide a España que lleve a cabo <strong>“investigaciones efectivas, independientes y rápidas sobre todos los casos confirmados y presuntos de abuso de <em>spyware</em>” y que informe a la Comisión de Venecia -el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional- y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre “sobre el uso de Pegasus, Candiru y similares en un plazo de tres meses”.</strong> También solicita a España que imponga sanciones correspondientes, “penales o administrativas”, contra los responsables de estos abusos, que se abstenga de usar la seguridad nacional o ley de secretos oficiales para denegar el acceso a la información a las víctimas y que brinde “reparación a las víctimas en los casos de vigilancia ilegal”. <h5><strong>Marruecos e Israel </strong></h5> Por otra parte, el informe recuerda, a partir de las conclusiones de la Comisión sobre Pegasus del Parlamento Europeo, que <strong>los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios de sus ministros (además del presidente de Francia, Emmanuel Macron) fueron “presuntamente infectados con Pegasus por un país tercero”, en referencia a Marruecos. </strong>Por ello, el documento insta a <strong>Marruecos (país socio del Consejo) a aclarar, “en un plazo de tres meses”, si las autoridades estatales del país han utilizado Pegasus para espiar “en su territorio o fuera de él”, concretamente contra “objetivos dentro de la jurisdicción de los Estados miembro del Consejo de Europa”. </strong> Aparte, insta a <strong>Israel</strong> -el país del que procede Pegasus y que cuenta con el estatus de observador en la Asamblea- a cooperar “plenamente con las investigaciones realizadas por Estados miembros del Consejo de Europa respecto al uso de Pegasus y otro <em>spyware </em>exportado por Israel o vendido por empresas con sede en Israel”. El pasado 10 de julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama archivó la investigación sobre el uso de Pegasus en España debido a la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel.
