<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha vuelto a recurrir a generalidades sobre la defensa de los derechos humanos como “principio rector” de su política exterior para evitar problemas con Marruecos, en este caso para eludir la situación de los presos políticos saharauis.</strong></h4> El pasado 28 de noviembre, <strong>el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis</strong> celebró una concentración ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores (suele hacerlo todos los lunes, la última este pasado 27 de febrero) para entregar <strong>una carta al ministro, José Manuel Albares, en la que denunciaba la situación de los presos</strong>, tal como recordó el pasado 12 de diciembre el Grupo Parlamentario Popular en una pregunta parlamentaria en la que instaba al Gobierno a informar sobre cuál había sido su respuesta a la carta y sobre si había mantenido reuniones con este movimiento. En su respuesta por escrito a la carta del PP, firmada el pasado 13 de febrero, el Ejecutivo se limitó a asegurar que <strong>“los derechos humanos son un principio rector de la política exterior del gobierno de España, por lo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se defienden y promocionan en todos los países”</strong>. “Tanto en sus contactos bilaterales como en el marco del diálogo de la Unión Europea con los distintos Estados, España suscita las cuestiones relativas a los derechos humanos de manera global y en los casos particulares”, concluye la corta respuesta del Gobierno. Recientemente, el Gobierno también optó por responder con generalidades y con una mera declaración de intenciones (de hecho, exactamente con las mismas palabras) a otra pregunta parlamentaria del PP sobre derechos humanos en Marruecos, concretamente sobre el encarcelamiento del abogado, dirigente opositor y exministro de Derechos Humanos Mohamed Ziane, de 80 años y de nacionalidad española. Tanto aquella respuesta parlamentaria como la carta del Movimiento de Presos saharauis se produjeron en vísperas de la Reunión de Alto Nivel con Marruecos. Por esas mismas fechas, los eurodiputados socialistas españoles votaron en el Parlamento Europeo en contra de una resolución crítica con la situación de los derechos humanos en Marruecos, en nombre de la “responsabilidad y en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento”. Asimismo, varios partidos del arco parlamentario, desde PP a EH Bildu, se han interesado en las Cortes Generales o en el Parlamento Europeo por el “acoso judicial” de Marruecos a Ignacio Cembrero, el periodista de <em>El Confidencial</em> que informó sobre la implicación de Rabat en el espionaje a los móviles de varios líderes españoles a través de la trama <em>Pegasus</em>, una “patata caliente” que el Gobierno español también se ha quitado de encima para no enfadar a Rabat. Aparte, el PSOE votó el pasado 14 de febrero en el Congreso en contra de una proposición de Ley para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes de la retirada de España en 1976 y a sus descendientes. <h5><strong>La carta</strong></h5> <strong>La carta a Albares, firmada por Cristina Martínez Benítez de Lugo, activista del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis, denuncia el “maltrato a los presos políticos saharauis a pesar de que el representante de Marruecos, Omar Hilale, lo niegue ante la ONU”</strong>. Concretamente, la carta informa sobre la situación de diversos presos políticos, activistas y periodistas saharauis, relacionada sobre todo con huelgas de hambre, presuntas torturas, aplazamientos de juicios y condenas. “Tantas huelgas de hambre y tantos abusos deberían hacer sonar las alarmas del mundo civilizado”, se lee en la carta. “Usted, cuyo Ministerio se proclama defensor a ultranza de los derechos humanos allá donde se conculquen, debería preocuparse por estas situaciones tan dolorosas e injustas, pero no lo hace, a pesar de la obligación de velar por los saharauis” y de que “Naciones Unidas marca a España como potencia administradora de <em>iure</em> del Sahara Occidental”, prosigue. El Ministerio, continúa, “ni se interesa por los presos políticos saharauis ni por nada que pueda afectar negativamente a la imagen de Marruecos”, como es “el caso del periodista Ignacio Cembrero<strong>, </strong>a quien han tenido que apoyar los mismísimos periodistas marroquíes por el acoso judicial que sufre del régimen marroquí”. “Otro periodista saharaui-español, Mohamed Salem Buchraya, afectado de cáncer, que sólo pretendía terminar sus días acompañado de su familia en El Aaiún, no ha recibido explicaciones por la expulsión fulminante e indecorosa que Marruecos le dedicó, y que España no ha objetado”, denuncia la carta, que lamenta también que el Gobierno español no se haya pronunciado “nunca con respecto a la expulsión de numerosos españoles, entre ellos, parlamentarios, periodistas y abogados”. “Todos estos casos deberían merecerle una reflexión”, concluye. La propia Cristina Martínez Benítez de Lugo denunció el pasado 22 de febrero la decisión del PSOE de votar en contra de la proposición de Ley para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza “a esos mismos saharauis que una vez fueron españoles”. “En contraste, cuatro días antes José Manuel Albares, ministro de Asunto Exteriores, se había apresurado a ofrecer la nacionalidad española a 316 presos políticos expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad nicaragüense”, lamenta la activista. “Ese arranque de solidaridad contrasta con los 47 años de ocupación marroquí en que España, lentamente, ha ido traicionando más y más al pueblo saharaui”, añade.
