<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno expresó ayer claramente su rechazo a la decisión de la constructora Ferrovial de trasladar su domicilio social de España a Países Bajos por considerar que esta empresa “ha nacido y crecido en España gracias a la inversión pública”. Por su parte, el PP atribuyó la noticia al “vapuleo” que ejerce el Gobierno contra las empresas españolas e incluso advirtió de su posible “efecto contagio”. </strong></h4> <strong>El Consejo de Administración de Ferrovial propuso este pasado martes una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos.</strong> Asimismo, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos. <strong>La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño</strong>, mantuvo ayer una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, en la que le expresó su “rechazo” a la “errónea” decisión de trasladar el domicilio social a Países Bajos y advirtió de que “no resulta aceptable” que una compañía que “ha nacido y crecido en España gracias a la inversión pública muestre esta falta de compromiso con su país”. Por su parte, <strong>la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz</strong>, exigió al Ministerio de Economía que “se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca” y pidió a los accionistas de la empresa “que reconsideren la posición” porque Ferrovial es una empresa que ha crecido gracias a “enormes contratos con la Administración Pública”. Díaz también abogó por una Europa en la que “el 'dumping' fiscal y los paraísos fiscales no puedan existir”. En la misma línea, <strong>la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra</strong>, reclamó medidas conjuntas en la UE para erradicar “paraísos fiscales” dentro del continente y evitar que empresas como Ferrovial eviten el modelo tributario “justo” que defiende el Gobierno, y advirtió, en declaraciones a Cuatro, de que el posible traslado de Ferrovial supone un claro ejemplo de “dumping fiscal”. Asimismo, <strong>la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez</strong>, declaró que el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos “no es la mejor noticia que podríamos esperar”, porque, aunque “es cierto que es una empresa que tiene el 80% de su negocio fuera de España”, se trata de “una empresa muy importante, que nació y creció gracias a la inversión pública en este país”. “Lo que tenemos que hacer, como Gobierno, es siempre defender los intereses de España, defender que los planes de inversión que tiene Ferrovial en nuestro país se mantengan” y, en este sentido, “me han asegurado que eso va a ser así, que se van a seguir manteniendo los puestos de trabajo, que, por lo tanto, Ferrovial sigue siendo una empresa que se siente española y que va a seguir apostando por nuestro país”, añadió. Matizando un poco los efectos de la decisión de Ferrovial, <strong>la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero</strong>, recordó que la empresa tiene más de un 80% de su actividad fuera de España, por lo que ya no tributa por estos beneficios en el país, y aseguró que la parte correspondiente a la actividad nacional seguirá tributando de igual forma en España. <strong> </strong> <h5><strong>PP y Podemos</strong></h5> Por su parte, <strong>la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra</strong>, relacionó la decisión de Ferrovial con el “vapuleo” que, a su juicio, ejerce el Gobierno contra las empresas españolas, y pidió a Calviño que se plantee varias “preguntas antes de señalar a una empresa que sigue manteniendo su actividad también en España”: “¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países? ¿Soy responsable como Gobierno de la falta de incentivos para atraer la inversión? ¿Estoy teniendo, como Gobierno, una conducta de defensa del tejido económico y empresarial o estoy permitiendo que sea vapuleado nuestro tejido económico y empresarial hasta por el propio Gobierno?”. Aparte, <strong>el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo</strong>, advirtió del peligro de que se produzca un “efecto contagio” tras la marcha de Ferrovial de España. Asimismo, <strong>el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique</strong>, pidió que las Administraciones públicas dejen de conceder contratos a Ferrovial. “Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no?”, escribió en las redes sociales. “El dinero público español, mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí”, añadió.
