The Diplomat
El Ministerio del interior ha informado de que está investigando la “veracidad” de las informaciones sobre la existencia de posibles centros parapoliciales de China en territorio español y, en todo caso, ha asegurado que el Gobierno español no tiene “ningún acuerdo” con el Gobierno de la República Popular China para “establecer comisarías conjuntas”.
Así lo aseguró el Ejecutivo el pasado 16 de enero en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado Pablo Cambronero, del Grupo Mixto, sobre “la posible existencia de comisarías o centros policiales ‘alegales’ de China en territorio español” y sobre si los Gobiernos de Madrid o Pekín planean la apertura de “centros policiales conjuntos”.
Según Cambronero, “se están publicando informaciones sobre los acuerdos de varios países europeos con China para el establecimiento de centros policiales conjuntos o diversos formatos de cooperación policial entre el país asiático y algunos países europeos”.
“En España no tenemos constancia de que existan este tipo de dependencias o proyectos de colaboración”, pero el hecho de que la comunidad china establecida en España no suela “acudir a las autoridades nacionales para cualquier cuestión o problema (…) invita a pensar que existan formas propias de autogestionar sus problemas y necesidades de seguridad, de lo cual debería tener conocimiento el propio Ministerio de Interior”, prosiguió.
Por ello, el exdiputado de Ciudadanos preguntó al Gobierno si “tiene conocimiento de la existencia en territorio español de alguna fórmula policial o parapolicial china que esté operando en nuestro territorio” y si “tiene algún acuerdo con China para el establecimiento de comisarías de policía conjuntas o cualquier otra fórmula de colaboración policial entre China y España”. La pregunta pide también “las estadísticas delincuenciales y denuncias de los ciudadanos chinos que viven en España”.
En su respuesta, el Gobierno aseguró que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están cotejando todos los extremos de las informaciones publicadas para valorar la veracidad de los hechos y el impacto que pudieran tener con respecto al colectivo de ciudadanos al que se hace referencia”. Por otra parte, afirmó que “el Ministerio del Interior no tiene ningún acuerdo con el Gobierno de la República Popular China para establecer comisarías conjuntas”.
En cuanto a los datos de detenciones e investigaciones de ciudadanos chinos en España en los últimos años, el Gobierno aseguró que entre 2019 y 2022 (ambos incluidos) se registró un total de 7.520 casos. Concretamente, entre enero y noviembre de 2019 hubo 2.233 detenidos e investigados, en el mismo periodo de 2020 se registraron 1.492, en 2021 se produjeron 1.793 casos y a lo largo de 2022 hubo 2.002 detenciones e investigaciones.
Centros policiales chinos en Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago
El pasado mes de octubre, el eurodiputado español Ignacio Sánchez Amor, del PSOE, elevó una pregunta a la Comisión Europea en relación con unas supuestas operaciones extraoficiales de las autoridades chinas en España y en otros Estados miembros que podrían dar lugar a violaciones de los derechos procesales y políticos de ciudadanos chinos huidos de la Justicia de su país y residentes en el exterior.
Según un informe de la ONG Safeguard Defenders, citado por Sánchez Amor, las autoridades chinas se están valiendo de una red de “centros de servicios policiales en el extranjero” establecidos en medio centenar de países en el mundo para hacer regresar al país a presuntos fugitivos de la Justicia china. A tal fin, la Policía de China, “en coordinación con la asociación de chinos en el extranjero, dirigida por entidades del Partido Comunista Chino”, ha establecido una serie de “estaciones de servicios policiales en el extranjero”, en particular en Europa, a través de la cual supuestamente habrían “persuadido” a cerca de 230.000 presuntos fugitivos chinos para hacerles regresar a su país. Como medio de presión, los responsables chinos utilizan a los familiares de los prófugos.
Estos centros estarían distribuidos en numerosos países, incluidos algunos Estados miembros de la UE, como España, Portugal, Francia y Alemania, y sus operaciones se desarrollarían al margen de la cooperación policial y judicial bilateral oficial. Según la citada ONG, España es el país que reúne más centros, concretamente, nueve (tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en Valencia y uno en Santiago de Compostela), una cifra que podría ser “muy superior” (hasta cinco veces superior) porque sólo se han detectado los centros relacionados con dos jurisdicciones, Fuzhou y Qingtian, de las que procede la mayoría de los chinos residentes en España.
