<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global quedó ayer definitivamente aprobada después de conseguir el apoyo prácticamente unánime del Congreso de los Diputados, con la consabida excepción de Vox.</strong></h4> “La cooperación internacional es una prioridad para el Gobierno”, afirmó <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, durante su intervención ante el pleno. “Es una política útil para millones de personas en el mundo, para los españoles, porque quieren la solidaridad, y para España, porque nos sitúa ahí donde nos quieren ver los españoles, ofreciendo soluciones a las grandes crisis sociales”, prosiguió. Por ello, el ministro agradeció el respaldo de “todos los grupos que creen en la cooperación” y destacó la importancia de una ley que “reconoce y dignifica” el trabajo de los más de 2.600 cooperantes “que representan los mejores valores de España”. “Esta ley pone al día la Cooperación Española cuya norma anterior se remonta a 25 años atrás, sitúa a nuestro país a la vanguardia y la convierte en referente con un nuevo modelo de cooperación”, aseguró. Una vez superada la tramitación parlamentaria, el texto está <strong>ya listo para su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La nueva ley fue aprobada, en primera instancia, por el Congreso el 24 de noviembre y por el Senado el 21 de diciembre</strong>, en este caso incluyendo 21 enmiendas, lo que obligó a devolverla a la Cámara Baja para un último debate. Durante la elaboración del texto legal se recibieron más de 130 aportaciones de diversos actores y colectivos. El 97% de ellas han sido incluidas en el articulado, además de las enmiendas de los grupos políticos incorporadas durante el trámite parlamentario. En las votaciones de noviembre y diciembre, los votos favorables procedieron del PSOE y de sus socios y aliados y los contrarios de Vox (que había presentado una enmienda a la totalidad, ampliamente rechazada, contra una ley “ideologizada y carente de sentido” que atentaba contra “la soberanía nacional”). En cambio, la principal diferencia entre las dos votaciones vino del PP, que en el Congreso se abstuvo (92 abstenciones por su parte) y en el Senado optó por votar a favor. En la votación de ayer, la nueva Ley de Cooperación volvió a recibir el apoyo del principal partido de la oposición, cuya portavoz, <strong>Pilar Gázquez</strong>, aseguró que el PP respalda la nueva norma porque “es un partido de Estado” y porque su voto afirmativo “va por los cooperantes y por las personas que están ahí fuera y nos necesitan”. Asimismo, agradeció al ministro, y al Gobierno en general, el talante con el que se ha tramitado la norma, “que podría haber sido mejor, pero es la que hemos consensuado”, y advirtió de que, a partir de ahora, lo que toca es “hacerla lo más eficaz posible, especialmente en materia de cooperación financiera”. Por su parte, <strong>la portavoz de Cooperación Internacional al Desarrollo del Grupo Parlamentario Socialista, María Guijarro</strong>, afirmó que la ley nace “sumando fuerzas y construyendo consensos sólidos” para conseguir una “política pública de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo dotada de recursos económicos y humanos suficientes y capacitados”. Como era de esperar, <strong>la nota discordante volvió a ponerla Vox</strong>, cuyo portavoz, Víctor Sánchez del Real, afirmó durante el debate que “la cooperación para el consenso progre” es una forma de “colonialismo ideológico” que “exporta ideología en lugar de curar el hambre, la sed y el frío”. <h5><strong>La nueva ley</strong></h5> <strong>La nueva norma, que el Gobierno había intentado sacar adelante antes de que concluyera 2022 (se había tramitado por el procedimiento de urgencia precisamente por ese motivo), actualiza la actual Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 7 de julio de 1998 y tiene, como principal objetivo, la modificación del sistema de Cooperación Española</strong>, que contempla la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el establecimiento del nuevo Estatuto del Cooperante, el desarrollo reglamentario de la cooperación financiera mediante un marco normativo de subvenciones para dotar al sistema de “mayor eficacia y agilidad” y la creación de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas. Por todo ello, la ley servirá como marco para la elaboración de cuatro Reales Decretos que desarrollarán su contenido con la reforma de la AECID, la ley de subvenciones, la cooperación financiera y el nuevo Estatuto de los Cooperantes. También prevé la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), un instrumento de cooperación financiera que asumirá las funciones del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Asimismo, <strong>la futura norma da rango legal al compromiso de España de destinar el 0,7% de la RNB a Ayuda oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del año 2030</strong> (el Gobierno se había marcado como objetivo alcanzar el 0,5% al final de la actual legislatura, pero los Presupuestos Generales del Estado prevén que en 2023 sólo se llegará al 0,34%). Entre las prioridades geográficas de la Cooperación Española, el proyecto de Ley incluye por primera el Sahel y mantiene las áreas tradicionales, incluyendo América Latina y el Caribe. Asimismo, se reforzará la ayuda ante crisis imprevistas. La nueva Ley contempla, además, la obligación de destinar al menos el 10 % de la Ayuda al Desarrollo a acción humanitaria. <h5><strong>Las ONGD piden “coherencia” a los partidos</strong></h5> Por su parte<strong>, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo</strong> expresó ayer su satisfacción por la aprobación de la ley y su deseo de que marque “el inicio de una nueva etapa tras una década en la que el compromiso político con esta política pública quedó muy debilitado”. “Durante años, España ejerció una cooperación muy por debajo de las necesidades de millones de personas afectadas por la pobreza y las desigualdades; una cooperación muy alejada de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa. La aprobación de esta Ley debería darle hoy un cierre definitivo a esta etapa”, declaró. No obstante, advirtió de que <strong>“el camino no acaba aquí”</strong> y recordó que “2023 será el año de articular las reformas que apunta la Ley”. Asimismo, pidió “coherencia” a los partidos políticos que han apoyado esta Ley” y que, “en un año de elecciones” como el actual, demuestren “ese compromiso en sus programas políticos, en los presupuestos y propuestas de los gobiernos que se constituyan”. “El apoyo casi unánime a esta Ley debe marcar la dirección a seguir”, concluyó.
