The Diplomat in Spain

Jacqueline Hellman

Profesora de Derecho Internacional de la Universidad Europea.

Prácticamente a finales del verano de 1944, los Aliados se reunieron durante el transcurso de varias semanas en Dumbarton Oaks con la idea de crear una organización internacional que tuviera por objeto el mantenimiento de la paz y la seguridad. Menos de un año después, el 26 de junio, se adoptó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en cuyo artículo primero se estipuló un objetivo esencial de la misma: “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”. A continuación, se adoptó el 9 de diciembre de 1948 -un día antes de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Ello constituyó todo un éxito para aquella parte de la comunidad internacional que se había esforzado -en los últimos tiempos- en procurar la creación de una herramienta jurídica capaz de criminalizar actos tan terribles como los cometidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

A la luz de todas estas consideraciones, cobra interés -a mi juicio- rememorar el punto de partida inicial que nos lleva a aquel glorioso 9 de diciembre de hace ya 74 años. Se trata, en definitiva, de destacar el punto de inflexión decisivo que desencadenó la adopción de la comentada herramienta jurídica y, en este sentido, es evidente que el mencionado conflicto bélico se erige como un factor crucial. Siendo conscientes de lo anterior, es preciso traer a colación la figura de Winston Churchill, puesto que -a través de un mensaje de radio transmitido por la BBC- indicó que los actos cometidos por los nazis no tenían nombre; de alguna manera, incidía en la gravedad de los actos perpetrados por el régimen de Hitler; hizo hincapié, en definitiva, en la singularidad de éstos, lo que le llevó a considerar que no habían recibido la calificación jurídica pertinente. Esta afirmación que para muchos debió ser una afirmación puramente anecdótica, impactó de gran manera en Raphael Lemkin, un jurista polaco particularmente interesado en la perpetración de atrocidades cometidas a lo largo de la historia. De hecho, Lemkin con gran intuición se propuso buscar un término que fuera capaz de abarcar conductas que tuvieran por objeto destruir determinado tipo de grupos y que, por supuesto, criminalizará las matanzas perpetradas por los nazis. De esta manera, acuñó el término genocidio que no es sino el resultado de la combinación de la palabra griega genos que significa raza o tribu y el vocablo latino cide que hace referencia al verbo caedere que significa matar.

Dicho lo anterior, es preciso indicar que su contribución no termina aquí. Tras crear el citado término, decidió proponerse un objetivo aun más complejo que el anterior: convencer a la comunidad internacional de la necesidad de adoptar una herramienta jurídica que tuviera por objeto sancionar y prevenir conductas que pudieran calificarse de genocidas. Atendiendo a sus propias palabras: “era esencial adoptar una ley que abarcara asesinatos raciales y religiosos y que fuera respaldada por la comunidad internacional”. Así pues, Lemkin comenzó a negociar de forma incansable con las delegaciones de distintos países hasta lograrlo. Conviene recordar que su dedicación a dicho proyecto fue tal que, pocos años después, sufrió un colapso -en la calle 42 de Nueva York- que puso fin a su vida.

A raíz de lo anteriormente explicado, no hay duda de que el esfuerzo realizado por Lemkin tuvo un magnífico resultado. De hecho, los efectos desplegados por la Convención de 1948 han alcanzado el agitado siglo en el que nos encontramos en la medida en que el Estatuto de Roma (tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional) ha incorporado el artículo 2 de dicho instrumento jurídico el cual contiene los elementos que deben observarse en una determinada situación para que actos ilícitos puedan calificarse de genocidas. En línea con todo ello, debe indicarse que la citada Convención ha sido traída a colación recientemente con motivo de la denuncia interpuesta por Gambia ante la Corte Internacional de Justicia tras las desafortunadas acciones implementadas contra los rohingya por parte del Estado de Myanmar. Consecuentemente, la herramienta jurídica adoptada en el año 1948 puede traerse a colación hoy en el caso de que graves hechos sean susceptibles de recibir la calificación de genocidio; un delito, no olvidemos, configurado hace más de setenta años.

Por lo tanto, el 9 de diciembre es una fecha destacada en el ámbito de la justicia internacional penal al considerarse, como no puede ser de otro modo, el día de la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y su prevención. Es, en definitiva, una fecha que nos recuerda un momento temporal terriblemente siniestro que, no obstante, empujó a la comunidad internacional a avanzar y a movilizarse ante conductas especialmente graves y atentatorias contra la humanidad, puesto que culminó con la adopción de un acuerdo jurídico que no solo penaliza esta clase de actos, sino que -además- señala las medidas que deben tomarse para evitar que se repitan.

© Todos los derechos reservados