“A río revuelto ganancia de pescadores”, es lo que sentencia el refranero popular. Aún no se ha borrado de la retina el ‘caso Silvia’, la joven cuya familia acusa a la clínica CEME de originarle tras la intervención unos problemas de salud que terminaron con su fallecimiento, cuando el caso ha dado un giro total.
Según los responsables del centro estético ha quedado acreditado ante la Justicia que la “asociación” que conformaron varios pacientes habría aprovechado la trágica situación de Silvia Idalia para hacer presión al centro. Pero no cualquier tipo de presión. Se llegó hasta el extremo de que el 22 de junio de 2022, la propiedad de la clínica se vio obligada a interponer ante el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid una denuncia contra una presunta ‘asociación de afectadas por CEME’.
Según establece el escrito, esta asociación fue creada antes de la mediatización del caso de Silvia Idalia pero se utilizó posteriormente para hacer presión a CEME obteniendo a cambio una contraprestación económica. Es la razón por la que, ahora, el juez ha imputado por extorsión a cuatro de las mujeres supuestamente afectadas.
Esta actuación judicial llega después de que trascendiese, ya hace semanas, y según establece un informe pericial, que la muerte de Silvia fue causada por una infección “ajena a la clínica” y que “no hubo mala praxis».
Las ahora imputadas “amenazan incluso, no con una demanda judicial, sino con comentarios negativos sobre la clínica y quieren como contraprestación una indemnización de más de 30.000 euros cada una”, incluso con la propuesta de a cambio de “autodisolverse y borrar cualquier rastro de comentarios negativos en Google”. El hecho es que la base para que el juez haya procedido contra este grupo de supuestas afectadas está en conversaciones de whatsapp, reseñas negativas en Google y llamadas telefónicas, que podrían tener como resultado una calificación de delito de extorsión.
Igualmente, la autoridad judicial ya conoce los perjuicios causados a la clínica por las acciones que habrían producido las mujeres miembros de esta ‘asociación’: “Varias mujeres, después de acceder al Instagram de las afectadas de CEME han cancelado su cita. Incluso una paciente nos ha manifestado que ‘la estaban presionando para que no se operara’ con nosotros”.
Tras una década de intervenciones estéticas de toda índole, desde operaciones faciales, de pecho o injertos capilares, Clínica CEME, constituida en 2013 y con la amplia experiencia de su veterano y cualificado equipo de profesionales, ha tenido que salir al paso, como ha trascendido en los últimos días, de las actuaciones presuntamente extorsionadoras protagonizadas por un pequeño grupo de personas supuestamente afectadas por mala praxis.
Lo que se ha sabido en las últimas horas es que las actuaciones judiciales que ha emprendido CEME no sólo se basan en acciones de presunta extorsión de este grupo de mujeres, sino que en el escrito se denuncian hechos que podrían ser constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de presentación de testigo falso en juicio en grado tentativa del artículo 461 el Código Penal.
De otro lado, y como igualmente acreditan los propietarios de la clínica ante la Administración de Justicia, de este grupo de ex pacientes o alguna de sus integrantes nació la iniciativa de ‘comprar’ a una ex empleada de CEME, perfectamente identificada, para que declarase según los intereses dictados ante un tribunal.
El centro estético ya ha puesto en manos de la Justicia nombres y apellidos de quienes estarían liderando en las últimas semanas una campaña que ya ha producido acreditables daños y perjuicios a sus propietarios. Está por ver hasta qué punto, y a qué ritmo, avanzará la investigación.
Desde la clínica se confía en que los tribunales pongan fin a una campaña que tiene un impacto directo e inmediato en forma de daños y perjuicios a la compañía, que acumula años de éxito y experiencia contrastada, a través de profesionales altamente cualificados, en un sector tan sensible a la rumorología.
