<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, advirtió ayer de que la Justicia de Bélgica no puede denegar la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de otros políticos implicados en el <em>Procés</em> si no demuestra “deficiencias sistémicas y generalizadas” en el sistema judicial de España.</strong></h4> En un dictamen publicado ayer, el abogado advirtió de que <strong>Bélgica no puede rechazar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los procesados por el 1-O</strong> basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales, porque para ello deberá demostrar que existen “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor”, concretamente España. “Si no existen deficiencias de tal naturaleza, no cabe fundar una denegación de la ejecución en la alegación de que el tribunal emisor carece de competencia para dictar esa orden y para enjuiciar a la persona reclamada”, señala el dictamen, que advierte también, por tanto, de que Bélgica no puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo como autoridad para emitir las euroórdenes. Los dictámenes del abogado general no son vinculantes, pero el TJUE suele tener en cuenta sus recomendaciones en la inmensa mayoría de los casos. En cambio, las sentencias del Tribunal sí son vinculantes, por lo que, en el caso de que se confirme esta interpretación del abogado general -lo cual podría ocurrir después del verano-, Bélgica se vería obligada a actuar en consecuencia. Con este dictamen, el abogado general ha dado la razón a Llarena, quien había acudido a la Justicia europea para aclarar el alcance de la emisión de las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo contra los encausados por el <em>Procés</em> y para conocer los motivos de Bélgica para rechazar su ejecución. Concretamente, Llarena dirigió la cuestión prejudicial al TJUE en marzo de 2021, dos meses después de que el Tribunal de Apelación belga se negara a entregar al exconseller Lluis Puig por considerar que la orden de extradición debía haber partido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que sus derechos fundamentales podían correr peligro, en particular el derecho a la presunción de inocencia. <strong>Por tanto, la decisión de De la Tour podría agilizar la ejecución de la euroorden emitida contra Puigdemont y contra los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín</strong>, todos ellos fugados en Bélgica desde octubre de 2017, por los presuntos delitos de sedición y malversación. De momento, la euroorden contra el expresidente catalán está paralizada por su condición de eurodiputado. El Parlamento Europeo levantó la inmunidad de Puigdemont en marzo de 2021, pero el ex presidente de la Generalitat presentó un recurso ante el TJUE, que le devolvió la inmunidad de forma temporal a la espera de que se emita la resolución definitiva. Tras conocer el dictamen, <strong>Puigdemont expresó su rechazo a la decisión del del abogado general del TJUE y aseguró que seguirá luchando “hasta el final”.</strong> “En cualquier caso, tendremos que recorrer un camino que ya hemos recorrido antes, con más experiencia que antes”, aseguró a través de su cuenta de Twitter. “Lucharemos por cada derecho y por cada opción, hasta el final y sin rendirnos, sin renunciar”, añadió. Por su parte, el abogado Gonzalo Boye, que dirige la defensa del ex presidente catalán, denunció que las conclusiones de De la Tour suponen “una negación” de los derechos individuales pero “no implican una futura entrega de los exiliados”. <strong>La portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat</strong>, afirmó que la decisión del abogado general es una “muy buena noticia para los demócratas frente a los prófugos de la justicia”. “Deseamos que el Tribunal de Justicia de la UE vaya en la misma dirección y dicte sentencia pronto”, añadió en un comunicado. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, declaró que “no esperaba otra cosa” porque la euroorden se basa “en la confianza” entre los Estados y “ningún Estado puede entrar en desconfianza hacia otros para no cumplir uno de sus mandatos”.
