The Diplomat in Spain

Juanlu González

Miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad

Todo está prácticamente listo para que el próximo día 7 de noviembre se celebren elecciones generales en la República de Nicaragua, cumpliendo escrupulosamente las fechas previstas en el calendario electoral. Concurren seis partidos políticos que se enfrentarán para elegir al binomio mixto de presidencia y vicepresidencia, 92 diputados y diputadas para la Asamblea Nacional y otros 20 para el Parlamento Centroamericano.

Las formaciones en liza son el Partido Liberal Constitucionalista, principal partido de la oposición, de donde han procedido dos presidentes de la historia reciente del país (Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños); el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno con el 72,44% de los votos emitidos; el Camino Cristiano Nicaragüense; la Alianza Liberal Nicaragüense, principal partido opositor al FSLN tras las elecciones de 2006; la Alianza por la República y el Partido Liberal Independiente.

Si algo llama poderosamente la atención de los procesos electorales de esta pequeña República es el absoluto respeto a la igualdad de género y su reflejo paritario en las candidaturas. Nicaragua tiene el honor de ser uno de los cinco países más igualitarios del mundo, especialmente tras la reforma de la Constitución Política de 2014, impulsada por el FSLN, en la que se instituye por ley que el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres ocupen los puestos institucionales más relevantes. Así lo recoge el Índice Global de la Brecha de Género de 2020, que mide la paridad entre hombres y mujeres en las áreas de salud, educación, economía y política en todo el mundo.

Estudios demoscópicos proyectan que alrededor de 3/4 partes de la población tiene intención de acudir a las urnas, lo que supone un porcentaje elevadísimo de aprobación del sistema electoral en su conjunto. Sin embargo, lo que los medios internacionales repiten, es que la oposición no participa en las elecciones y que gran parte de los votantes no tienen quién los represente. Desde luego, considerar como funcionales al sandinismo a partidos profundamente liberales, que gobernaron el país en varias ocasiones (coligados o en solitario), que pusieron en práctica políticas privatizadoras y demoledoras del estado del bienestar y de derecho conseguidas por Daniel Ortega y el FSLN es, lisa y llanamente, falso.

Es cierto que en Nicaragua hay una miríada de micropartidos que se crean, cambian de nombre, entran en coaliciones y alianzas y desaparecen en cada contienda electoral pero, realmente, ninguna formación significativa se ha caído del plantel electoral de las elecciones de 2016 o 2011. Para ser precisos, únicamente falta el Partido Conservador de Nicaragua, fundado por el marido de Violeta Barrios de Chamorro, 45ª presidenta de la República desde 1990 hasta 1997, pero en las últimas elecciones democráticas obtuvo poco más del 2% de los sufragios y un solo y testimonial escaño en el parlamento.

Así pues, las elecciones de noviembre se van a celebrar con toda normalidad y con una pluralidad política plenamente asegurada. Si Estados Unidos, la Unión Europea o la OEA pretenden desconocer el resultado, no será por falta de democracia, sino porque anticipan un resultado que no les va a satisfacer.

Pero no solo está garantizada la libertad y la diversidad política, también existen mecanismos legales que certifican la transparencia y fiabilidad del resultado. Más de 80.000 personas a propuesta de todos los partidos políticos en liza, integrarán las 13.459 mesas electorales, conocidas como Juntas Receptoras de Votos, distribuidas en los más de tres mil Centros de Votación repartidos por toda la geografía nicaragüense. Por otro lado, los partidos políticos nombran directamente a un conjunto de fiscales que estarán presentes en todas las fases del conteo, tanto en las Juntas Receptoras de Votos, como en los Consejos Electorales Municipales, departamentales y regionales, en los Centros de Cómputo y en el Consejo Supremo Electoral. Es prácticamente imposible que el resultado de estas Elecciones Generales no se corresponda estrictamente con lo expresado libremente por la voluntad popular.

Velando por la tranquilidad y normalidad del proceso, el Ministerio de la Gobernación y el Consejo Supremo Electoral han capacitado a 30.000 voluntarios y voluntarias para que presten sus servicios como policías electorales que se desplegarán en cada Centro de Votación para garantizar el pleno derecho al voto en libertad. Finalmente, un nutrido grupo de analistas internacionales independientes, al amparo de la Ley Electoral vigente, ejercerán de Acompañantes Electorales y darán cuenta de la limpieza de los comicios ante la opinión pública mundial.

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