The Diplomat in Spain

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La anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, declaró ayer ante el juez que la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se llevó a cabo “de acuerdo con la ley”, aunque se acogió a la Ley de Secretos Oficiales para negarse a aclarar qué miembros del Gobierno tomaron las decisiones en este caso.

González Laya compareció ayer ante Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en calidad de investigada por la supuesta entrada ilegal de Ghali en España, que se produjo el pasado 18 de abril y que desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos. El juez citó a la exministra después de que su antiguo jefe de gabinete, Camilo Villarino, asegurase el pasado 13 de septiembre ante el magistrado que había recibido una llamada de González Laya en la que se le informaba de que se había “tomado la decisión de admitir a Brahim Ghali por razones humanitarias en España” y le daba “una serie de indicaciones e instrucciones”.

Durante su comparecencia ante el juez, que duró una hora y en la que estuvo acompañada por una letrada de la Abogacía del Estado, la exministra aseguró que la entrada de Ghali “se hizo de acuerdo con la Ley”, según declaró ella misma a los medios a la salida del Palacio de Justicia. Según González Laya, “el espíritu” con que ha “querido comparecer” ante el juez es facilitar la “transparencia” y aportar todas las explicaciones necesarias para avanzar en el caso.

Fuentes de la acusación particular presentes en la vista aseguraron posteriormente a los medios que la exministra se había negado a contestar a las preguntas de las acusaciones y a revelar qué miembros del Gobierno habían participado en este asunto, alegando que se trataba de información reservada que podría poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado y acogiéndose, por ello, a la Ley de Secretos Oficiales. En cambio, González Laya sí respondió a las preguntas del juez, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal.

La acusación particular está convencida de la exministra coordinó con otros Ministerios, en especial con Interior, la entrada de Ghali, por lo que ha pedido que se incluyan en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo (concretamente, de su directora de Gabinete, María Isabel Valldecabres); y de Susana Crisóstomo, jefa de Gabinete del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En su declaración, Villarino aseguró que la decisión de dejar entrar a Ghali no partió exclusivamente de la ex ministra. “Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El Gobierno no es un reino de taifas”, aseguró el antiguo número dos de la ministra, quien también precisó que la jefa de Gabinete de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le había llamado en nombre de “su jefa” para saber los detalles sobre la entrada del líder del Polisario. Por todo ello, el juez también citó como testigos a María Isabel Valldecabres y Susana Crisóstomo, quienes declararán el próximo 18 de octubre.

El PP cree que las instrucciones de la operación han venido “de más arriba”, concretamente de un “señor X” que ha identificado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo eludió la semana, ante el pleno del Congreso, dos preguntas del líder del PP, Pablo Casado, sobre este asunto. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en la misma sesión del Congreso que tenía la “plena confianza en que el Gobierno cumple con la legalidad» y que “en este caso también lo ha hecho”.

Brahim Ghali aterrizó en Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril sin pasar controles de fronteras ni documentación, tras lo cual fue trasladado en una ambulancia e ingresado, con identidad falsa, en el hospital San Pedro de Logroño para ser atendido de COVID-19. La exministra siempre mantuvo que la entrada Ghali se llevó a cabo por “motivos humanitarios”. González Laya fue cesada apenas un mes después del estallido de la crisis diplomática con Marruecos, que se tradujo en una entrada masiva e incontrolada de inmigrantes en Ceuta con la complicidad de Rabat, así como en una llamada a consultas de la embajadora marroquí en Madrid y en toda una serie de acusaciones públicas contra España.