Iberdrola, Endesa y EDP han enviado una carta a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y Margrethe Vestager, y a la comisaria de Energía, Kadri Simson, en la que expresan su protesta por el decreto aprobado por el Ejecutivo español que les confisca 2.600 millones de euros de sus beneficios para compensar el alto coste de la energía.
En la carta, que firman también los grandes fondos de infraestructuras y las patronales del sector energético, las eléctricas reclaman que la medida sea revocada por entender que este tipo de actuaciones, si se extienden a otros países de la Unión, pueden provocar una fractura del mercado interior de la energía.
Las empresas alertan de que esa minoración en la retribución que perciben por la venta de electricidad en el mercado mayorista provocará la paralización de inversiones en nuevas plantas renovables y, por tanto, golpeará de lleno el proceso de transición energética que trata de impulsar el Ejecutivo.
El escrito pide que se negocie con el Gobierno español otro tipo de soluciones que no alteren la seguridad jurídica para hacer frente a la subida del precio de la electricidad. Así, reclaman a Bruselas que estudie cómo proteger a los consumidores vulnerables con otro tipo de normativa (reducción de impuestos, aportaciones de los presupuestos, sistemas de cálculo de las tarifas) para solucionar el problema.
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