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El Gobierno español expresó ayer su “profunda preocupación” por las últimas detenciones de precandidatos electorales y actores políticos de la oposición en Nicaragua y reclamó su “liberación inmediata”.

“El Estado de Nicaragua tiene el compromiso internacional de respetar los Derechos Humanos”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. “El Gobierno de Nicaragua es responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, sean o no simpatizantes políticos, de conformidad con el Derecho Internacional y su propia Constitución”, añadió.

Por ello, “el Gobierno de España pide la liberación inmediata de los precandidatos detenidos, encarcelados o retenidos, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y de otros opositores, así como que ponga fin a la persecución de actores políticos y sociales y de los medios de comunicación independientes”, concluyó.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya expresó el pasado 4 de junio su “preocupación” por la detención e inhabilitación de la precandidata y presidenta de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, quien figura como la principal baza de la oposición para derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las elecciones del próximo mes de noviembre. En un comunicado, el Gobierno denunció también “el continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua” y advirtió de que “estos graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre”.

La Policía Nacional de Nicaragua allanó el pasado 2 de junio el domicilio de la líder opositora -hija de Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997 tras derrotar en las urnas al primer gobierno de Daniel Ortega-, después de que una jueza ordenara su detención por los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, entre otros. Chamorro, fue detenida horas después de acudir a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales.

Posteriormente, la Policía detuvo a Arturo Cruz, embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009; al académico y aspirante presidencial Félix Maradiaga, a Juan Sebastián Chamorro, ex viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia durante el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), al economista José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep, principal patronal de Nicaragua), y a la dirigente opositora Violeta Granera. Todas estas detenciones han sido justificadas por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y por “pedir intervenciones militares” contra el Gobierno del sandinista Daniel Ortega.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ayer a Nicaragua la liberación de los líderes opositores  y condenó la invalidación de candidaturas de líderes de la oposición en Nicaragua. Estos hechos “pueden minar seriamente la confianza en el proceso democrático de cara a las elecciones generales de noviembre”, advirtió.