Cristiana Chamorro
En un comunicado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez denunció también “el continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua” y advirtió de que “estos graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre”. “Estas medidas deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la señora Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarse el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos”, concluyó.
La Policía Nacional de Nicaragua allanó este pasado miércoles el domicilio de la líder opositora después de que una jueza ordenara su detención. El Ministerio Público acusó el día anterior a Chamorro de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, además de lavado de dinero, bienes y activos, por su papel al frente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La dirigente opositora se encuentra aislada y bajo arresto domiciliario, según informó su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro –presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997 después de derrotar en las urnas al primer gobierno de Daniel Ortega-, fue detenida horas después de acudir a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para presentar su candidatura a la elecciones presidenciales. “No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser República”, declaró la propia Chamorro en su cuenta de Twitter. Las últimas encuestas de la empresa Cid Gallup, publicadas el viernes de la semana pasada, otorgaban a Chamorro un 21% de los votos, lo que la convertía en la candidata con más posibilidades para derrotar al presidente, el sandinista Daniel Ortega, que gobernó anteriormente el país entre 1979 y 1990 y aspira este año a un tercer mandato consecutivo.
El pasado mes de octubre, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE decidió extender en otro año, hasta el 15 de octubre de 2021, el marco legal que le permite imponer sanciones a personas o empresas en Nicaragua por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos o represión de la sociedad civil o de la oposición democrática en el país o por llevar a cabo acciones, políticas o actividades que socaven la democracia y el Estado de derecho. Hasta la fecha la UE ha sancionado a un total de seis personas en Nicaragua. Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar al territorio comunitario y la congelación de activos en la UE.
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