<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores en funciones concederá 30.000 euros para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte en el mundo. Por primera vez desde 2009, se quedará fuera de esta partida el caso de Pablo Ibar, cuya condena a la pena capital en EEUU ha sido recientemente conmutada por la cadena perpetua.</strong></h4> Según la convocatoria, firmada el pasado 18 de agosto por el ministro, Josep Borrell, y por el director Ggeneral de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Juan Duarte Cuadrado, podrán beneficiarse de estas ayudas las propias personas físicas de nacionalidad española que se enfrenten a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero. El objeto de las subvenciones es la concesión de <strong>ayudas económicas destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. </strong>También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los <strong>procesos de revisión o repetición de juicios, de recursos de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o conmutación de pena</strong> a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. El importe total máximo de la subvención será de <strong>30.000 euros</strong> y el plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el <a href="https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-B-2019-45155.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Boletín Oficial del Estado (BOE)</strong></a>, que tuvo lugar este pasado jueves. <strong>Las aportaciones del Gobierno en esta materia comenzaron en 2009</strong>, cuando, por primera vez en la historia, los Presupuestos Generales del Estado incorporaron una partida presupuestaria (en la sección correspondiente a Exteriores) de nada menos que 500.000 euros “para la asistencia a ciudadanos que afrontan condenas de pena de muerte”. Aquella primera cantidad, no obstante, sufrió un recorte radical en agosto de 2009 (en plena crisis internacional) por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la dejó en sólo 60.000 euros. Desde entonces, la evolución ha sido de descenso o, al menos, de estancamiento: 50.000 euros en 2010, 60.000 euros en 2011 y 30.000 euros anuales desde 2012 y hasta la fecha. Hasta 2017, los fondos destinados a este fin fueron concedidos a la defensa de <strong>Pablo Ibar</strong>, cuya condena a muerte, dictada en 2000 por un tribunal de Florida, fue anulada en febrero de 2016 por el Tribunal Supremo de ese Estado y conmutada por la cadena perpetua en el segundo juicio, que concluyó el pasado mes de mayo. En 2017, la partida fue repartida entre Ibar y <strong>Artur Segarra</strong>, sentenciado a muerte en Tailandia en abril de ese año por el asesinato premeditado de un empresario también español, David Bernat. Otro ciudadano español actualmente condenado a muerte es <strong>Ahmed el Saadany Ghaly</strong>, encarcelado y sentenciado en Egipto por el asesinato de cuñado el 13 de diciembre de 2016. Varias fuentes han asegurado que durante el juicio no contó con la asistencia de un abogado y, según Amnistía Internacional, “fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada”. El Gobierno español ha pedido oficialmente a las autoridades egipcias que conmuten la pena capital a Saadany Ghaly, cuya familia, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha renunciado hasta la fecha a la ayuda económica del Estado.
