<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, reconoció ayer que la cooperación española en materia institucional, judicial y de seguridad en América Latina no ha dado unos resultados “tan profundos ni extendidos” como hubieran sido de esperar.</strong></h4> “Desde hace entre diez y quince años, el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento del poder judicial y el apoyo a la solución pacífica de los conflictos han sido las tres líneas maestras de la cooperación española en Iberoamérica, con las que España ha querido dar respuesta a las necesidades de los países socios en aquellos campos en los que podemos aportar un valor añadido”, declaró el secretario de Estado durante su participación en la mesa redonda <em>Hacer frente a la violencia y a la inseguridad ciudadana en América Latina y el Caribe</em>, celebrada en Casa de América en el marco del programa <em>Diálogos con América Latina.</em> No obstante, admitió, “los resultados están por ver y no han sido tan profundos ni extendidos como nos gustaría”. “Es descorazonador pensar que nosotros hemos hecho lo que había que hacer pero que el impacto de la cooperación española y de la UE no ha producido resultados, que la situación está dominada por los malos y que no hay políticas a largo plazo”, admitió De Laiglesia, quien reconoció que la cooperación debería ir acompañada de mecanismos adecuados de evaluación que permitan “probar la eficacia” y medir “su impacto en términos prácticos”. En el mismo acto, organizado por el Ministerio, Casa de América y Fundación Carolina, el chileno <strong>Francisco Rojas Aravena</strong>, rector de la Universidad para la Paz (UPAZ) de Naciones Unidas, lamentó que el coste de la violencia en América Latina “supera con creces toda la ayuda internacional que se pueda entregar a estos países”, con algunos casos especialmente graves, como Honduras o el El Salvador, en los que la violencia consume más del 6% del PIB. Según Rojas, en los últimos años no se ha producido “ningún avance que contribuya al fin de la violencia” en una región afectada por “una guerra no tradicional pero que cada vez tiene más fuerza”. “Con el 9% de la población mundial, América Latina es responsable del 39% de los homicidios del mundo” y todo apunta a que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 (sobre paz, justicia e instituciones sólidas) no se va a cumplir “de ninguna manera”. “América Latina es una zona de paz interestatal pero no de paz respecto a la violencia, y una zona libre de armas nucleares que no es capaz de controlar las armas ligeras”, denunció. “La causa principal es el crimen organizado”, pero “las políticas militarizadas de gatillo fácil de Brasil o Venezuela han fracasado” y en la base de este problema están “la inexistencia de un Estado de derecho, la ineficiencia judicial, la alta impunidad y la alta corrupción”, aseguró. Por su parte, la colombiana <strong>Erika Rodríguez</strong>, coordinadora del panel de América Latina de la Fundación Alternativas, afirmó que una de las causas de la persistencia de la violencia es “la polarización regional” generada por “el cambio de ciclo político”, que “ha complicado el diálogo entre países” a la hora de compartir experiencias y de colaborar en la lucha contra la violencia y que ha contribuido a que "los esfuerzos tiendan a perderse”. “La cooperación de la UE, y particularmente de España, puede tender esos puentes para el diálogo”, afirmó.
