The Diplomat
El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes un Real Decreto por el que se transpone al ordenamiento jurídico nacional, con casi un año y medio de retraso, la Directiva de la UE para la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) concede el derecho de los ciudadanos de la Unión a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Por ese motivo, el Consejo de la UE aprobó el 20 de abril de 2015 una Directiva sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países. Esta Directiva establecía un plazo de transposición, que finalizó el 1 de mayo de 2018, por lo que se abrió un procedimiento de infracción contra España con riesgo de doble multa en caso de incumplimiento y el 19 de julio del año pasado se recibió una carta de emplazamiento.
Según el Gobierno, el proyecto de Real Decreto se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo para 2018, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2017, pero no fue posible finalizar su tramitación dentro de ese año, por lo que dicha tramitación continuó durante el año 2019.
Una vez superado este trámite, España tiene la obligación de proporcionar a la Comisión Europea toda la información relativa a la ejecución y aplicación de este Real Decreto con objeto de que pueda presentar al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea un informe de ejecución y aplicación de la Directiva, a más tardar el 1 de mayo de 2021.
Según un informe del Consejo General de Economistas, España tarde de media 12 meses más que el resto de los países miembros en transponer las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y concentra el 70% de las sanciones por estos retrasos. Según el Gobierno, los motivos de la no transposición se deben, “en general y fundamentalmente”, a la necesidad de consultar a sectores y de recabar informes de numerosas instituciones y organizaciones, a la complejidad de la materia, a la sensibilidad política y social, a los intereses económicos, a eventuales retrasos en la tramitación parlamentaria y a las varias situaciones de interinidad que se han vivido en España desde 2015.
