<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó ayer el envío "urgente" de una misión internacional independiente a Venezuela para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas denunciadas desde 2014.</strong></h4> La <a href="https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/284/24/PDF/G1928424.pdf?OpenElement" target="_blank" rel="noopener noreferrer">resolución</a> fue presentada por <strong>Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paragua y Perú</strong>, todos ellos pertenecientes al <strong>Grupo de Lima</strong> creado en 2017 para buscar una solución a la crisis en Venezuela. El resultado de la votación fue de <strong>19 países a favor –incluida España, actual miembro del Consejo-</strong>, 21 abstenciones y siete en contra -Cuba, China, Camerún, Egipto, Eritrea, Filipinas y Arabia Saudí-. El texto aprobado <strong>“condena enérgicamente” todas las violaciones de derechos humanos </strong>y “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos” cometidas en Venezuela, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas <strong>por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno</strong>”. La resolución denuncia la <strong>muerte de al menos 6.000 personas desde enero de 2018 “en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad”</strong>, muchas de las cuales podrían “constituir ejecuciones extrajudiciales”; deplora “los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado”, como la <strong>Asamblea Nacional</strong>, e insta a las autoridades venezolanas a que “<strong>pongan de inmediato en libertad a todos los presos políticos </strong>y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”. Por estos motivos y otros muchos que se indican, la resolución del Consejo de Derechos Humanos establece, por un período de un año, <strong>“una misión internacional independiente de determinación de los hechos, cuyos miembros serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos”.</strong> Esta misión <strong>deberá entrar “en funcionamiento de inmediato” y será enviada “urgentemente” a Venezuela</strong> para investigar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Asimismo, la resolución pide a la misión que presente un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45 período de sesiones (en 2020, por estas mismas fechas) y reclama a las autoridades venezolanas que “cooperen plenamente con la misión de determinación de los hechos, le brinden acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y los lugares de detención, y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”. El <strong>embajador de Venezuela ante el Consejo, Jorge Valero</strong>, ha calificado esta resolución de “hostil" y ha acusado a los países proponentes de seguir “al pie de la letra los instrumentos que les entrega el imperio americano”.
