<h5><strong>Juan David Latorre</strong></h5> <h4><strong>“1.400.000 venezolanos han emigrado hasta agosto de este año a tierras de Colombia, lo que representa un 33% de la cantidad total que ha llegado a los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe”, manifestó ayer en Madrid Felipe Muñoz, asesor presidencial del Gobierno de Colombia, en un encuentro con la prensa en la sede de la delegación de su país, con la asistencia de la embajadora Carolina Barco.</strong></h4> El asesor tiene previsto reunirse con representantes del <strong>Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,</strong> para agradecer el apoyo del Gobierno español y pedir la continuidad de esta colaboración en todos los aspectos, ante la crisis humanitaria y estructural que están viviendo los emigrantes venezolanos y la población de Colombia. Felipe Muñoz explicó en detalle la <strong>dura y crítica situación migratoria</strong> que se vive actualmente en la frontera y en el país a causa de la llegada masiva de venezolanos a territorio colombiano. “Sólo la crisis migratoria de refugiados sirios (6,5 millones de personas) es superior a la causada por la <strong>emigración venezolana (4,2 millones)</strong>”, prosiguió. “Colombia está absorbiendo el grueso del impacto económico y social de este flujo migratorio y lo ha abordado mediante una acción gubernamental decidida y centrada en las personas”. Según los datos, Bogotá (313.526 personas), Norte de Santander (185.433) y La Guajira (163.966) son los tres lugares que albergan a más cantidad de emigrantes provenientes del país vecino. Apenas el 31% del total está en zona de frontera, mientras <strong>el 69% se concentra en 14 centros urbanos,</strong> y en ciertos municipios la población migrante ya representa una proporción significativa de la población, como, por ejemplo, el 37,6% en Villa del Rosario o el 35,1% en Maicao. “Cada día entran en Colombia alrededor de <strong>2.000 emigrantes</strong> venezolanos, según resaltó Felipe Muñoz, con el consiguiente problema estructural para el Estado de Colombia. De seguir así, en el año 2022, la corriente migratoria desde el país vecino llegaría a <strong>5 millones de migrantes</strong> (100.000 al mes)”. El 53% de los emigrantes venezolanos (742.390 personas) están ya regularizados, mientras que el resto, el 47% (665.665 personas) no lo está, pues el 66% de los migrantes en esta última situación ha ingresado en el país sin ningún tipo de control. “El sistema sanitario en Colombia es universal, comentó el asesor presidencial, pero uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el Gobierno ante esta elevadísima emigración es el sanitario. 160.000 venezolanos han ingresado en Urgencias, ha habido 90.000 partos y se han tenido que <strong>administrar 1,3 millones de vacunas, </strong>además de cubrir económicamente los tratamientos de enfermedades de alto costo”. Ante el continuado crecimiento del flujo migratorio, <strong>han reaparecido enfermedades erradicadas,</strong> como el sarampión (330 casos) y la difteria (8), además del aumento considerable de casos de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (3.228 atenciones en dos años). “El coste promedio de la atención en urgencias a emigrantes venezolanos ha supuesto <strong>USD 3,2 millones</strong>”, continuó Muñoz. “En el campo de la educación también Colombia soporta un gran problema. Casi 200.000 niños, niñas y adolescentes han sido matriculados en el Sistema Público, con una educación gratuita para todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio (un 88% de los estudiantes tiene un estatus irregular). El costo de todo este proceso representa <strong>USD 160 millones por año</strong>”. Por último, Felipe Muñoz remarcó una vez más “la insostenible situación y las necesidades humanitarias apremiantes en lo referente a dos colectivos especialmente sensibles a todo este problema: <strong>los refugiados,</strong> que carecen de vivienda, agua potable y saneamiento básico (a pesar de que el Gobierno colombiano ya ha construido diversos campos donde los emigrantes esperan a ser regularizados), y la <strong>población emigrante indígena</strong> en todos los departamentos de frontera, que son muy vulnerables en cuanto a la protección de los niños y en los aspecto sanitarios, de desescolarización, suministro de agua, saneamiento y discriminación”.
