The Diplomat in Spain

Josep Borrell durante la rueda de prensa./ Foto: MAEC

Eduardo González. 12/10/2018

Los Gobiernos de España y Brasil coincidieron ayer en que la demanda presentada por los Gobiernos de Colombia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad tiene una “base jurídica poco clara” y puede interferir negativamente en las posibilidades de diálogo político en Venezuela.

“Creo que la base jurídica no es muy clara e incluso puede interferir en el proceso abierto por la Fiscalía por violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, declaró el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Aloysio Nunes, durante la rueda de prensa conjunta ofrecida ayer en Madrid con su homólogo español, Josep Borrell.

En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para analizar los crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y de la inestabilidad política en este país.

“No es el papel de los Estados interferir en los procesos de la Fiscalía de la CPI”, añadió Nunes. Por su parte, Borrell coincidió con su colega brasileño en la “poca nitidez de la base jurídica” y declaró que la demanda de los cinco países plantea “problemas de oportunidad desde el punto de vista del diálogo político en Venezuela”.

Durante la rueda de prensa, tanto Borrell como Nunes coincidieron en reclamar una salida pacífica a la crisis de Venezuela mediante un proceso de “diálogo serio” entre los venezolanos que permita “establecer la institucionalidad democrática”, según explicó el canciller brasileño cuyo país acoge a alrededor de 150.000 refugiados venezolanos.

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El ministro reconoce que la muerte de Albán le recuerda la represión de “los últimos años del franquismo”

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Asimismo, los dos ministros coincidieron también en la necesidad de que se lleve a cabo una investigación “independiente, clara y transparente» sobre la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán mientras estaba detenido.

«No tenemos nada contra la actuación de la Fiscalía venezolana, pero creemos que este caso en particular necesita una investigación de carácter independiente», declaró Borrell, quien recordó la reciente convocatoria del embajador venezolano en España, Mario Isea, para que aclarase las circunstancias de la muerte de Albán.

«Venezuela tiene que dar explicaciones al mundo porque normalmente la gente no se tira por las ventanas», advirtió Borrell, quien añadió que este caso le trae “recuerdos de los últimos años del franquismo, cuando también presos que estaban siendo interrogados en dependencias policiales saltaron por la ventana». No obstante, aclaró, «no quiero establecer ninguna clase de comparación” ni dar a entender que unos casos sean “iguales a los otros”.

El tema de Venezuela será tratado el próximo lunes durante la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea a petición, precisamente, del Gobierno español, según explicaron fuentes diplomáticas. En esta cumbre, según las mismas fuentes, España no propondrá nuevas sanciones contra el régimen y defenderá, una vez más, la vía del diálogo para solucionar la crisis. No se esperan conclusiones al término de la reunión.

Entretanto, el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, se reunió este pasado miércoles en Caracas con el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, en el marco de la visita que lleva a cabo en este país para, según Borrell, establecer una «toma de contacto y exploración» con parte de la oposición interior, con el Gobierno venezolano y con los empresarios españoles establecidos en el país. El viaje «está siendo tan intenso que incluso retrasa su regreso», explicó el ministro en la rueda de prensa.