The Diplomat in Spain

Borrell durante su intervención./ Foto: @JosepBorrellF

Eduardo González. 26/09/2018

El Gobierno español depositó ayer en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el instrumento de ratificación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, un texto aprobado en 1961 y del que España no formaba parte a pesar de los reiterados llamamientos de la ONU para que se adhiriese.

Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, durante su participación en un acto convocado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, en el marco de la 73 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante la reunión, Borrell aseguró que España actúa y actuará con “responsabilidad y solidaridad frente al drama de los refugiados” y anunció que, en su calidad de miembro activo de la UE, se está movilizando para que la UE siga ofreciendo “una respuesta generosa que mejore la situación de los refugiados y las comunidades que los acogen”. Buenos ejemplos de ello, añadió, son la reforma del Sistema Común Europeo de Asilo, la tramitación del nuevo Reglamento UE sobre reasentamiento y  la aplicación del Acuerdo de 2016 con Turquía.

Asimismo, el ministro anunció la ratificación por parte de España de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, una de las medidas previstas por el Pacto Global sobre los Refugiados, un documento elaborado por ACNUR en aplicación de la Declaración para los Refugiados y Migrantes, adoptada en Nueva York en septiembre de 2016.

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Borrell asegura ante ACNUR que intentará conseguir una “respuesta generosa” de la UE para los refugiados

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La Convención para Reducir los Casos de Apatridia, adoptada en agosto de 1961 por la ONU y cuya ratificación fue autorizada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de este año, prevé la concesión de la nacionalidad a personas que de otro modo serían apátridas, siempre y cuando tengan un vínculo con el Estado por su nacimiento en el territorio o por relación filiación con un nacional. Aparte, los Estados se comprometen con este instrumento a no privar de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU había solicitado reiteradamente a España que ratificase la Convención. De hecho, no es el primer tratado internacional sobre la materia que ratifica España muchos años después de su aprobación, ya que hasta 1997 nuestro país no se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, aprobada por la ONU en 1954 para evitar que las personas apátridas quedasen fuera de la Convención de Ginebra y, por tanto, de cualquier protección internacional.

La Convención de 1961 ha sido ratificada por más de 60 países, entre los que se encuentran Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, por citar varios ejemplos europeos. Francia no ha ratificado la Convención, por considerar que choca con las pretensiones del Gobierno de retirar la nacionalidad a los terroristas.