<span style="font-size: small;">Mariano Rajoy y Michel Barnier en una de sus últimas reuniones.</span> <span style="font-size: small;"><strong>The Diplomat.</strong> 12/12/2017</span> <strong><span style="font-size: medium;">El Gobierno español ha distribuido a las Comunidades Autonómicas y los grupos parlamentarios un documento de 15 páginas con las posiciones de partida de los diferentes Ministerios de cara al período transitorio que se produzca tras el Brexit y el futuro acuerdo bilateral que firmen la UE y el Reino Unido.</span></strong> El documento, al que ha tenido acceso <em>The Diplomat</em> <strong><a href="https://thediplomatinspain.com/wp-content/uploads/2017/12/20171204-INFORME-BREXIT-POSICIÓN-ESPAÑA-CCAA.pdf" target="_blank" rel="noopener">(pinche aquí para leerlo)</a>,</strong> aborda la estrategia de 10 departamentos españoles –todos ellos menos Presidencia y Exteriores, cuyos análisis de situación ya se conocían de antemano-. El argumentario más destacado es el de Empleo, debido a los más de 200.000 españoles residentes en el Reino Unido. En él se acepta un período transitorio en el que se preserve “íntegramente” el acervo comunitario en materia de libre circulación de personas, así como los reglamentos europeos sobre coordinación de los sistemas de Seguridad Social. En este sentido, el departamento de Fátima Báñez subraya que a la conclusión del citado período transitorio, que podría ser de dos o tres años, aquellos ciudadanos europeos que se hayan trasladado al territorio británico durante el mismo, deberán tener “los mismos derechos” que los actuales residentes. “Ello incluye la expectativa de acceso a la residencia permanente”, se hace hincapié. Además, Empleo quiere que se incluya un capítulo sobre movilidad de personas en el futuro acuerdo UE-Reino Unido que sea “fluido, equilibrado, completo y basado en la reciprocidad” para evitar desigualdad en el trato. Tras ello, el informe destaca que el Gobierno español juzga “insuficiente un modelo CETA+” como el anunciado inicialmente por el equipo negociador de la Comisión Europea que dirige el francés Michel Barnier, y que se basa en tomar el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá como modelo de relaciones, pero España cree que en ese CETA+ del que habla Bruselas “se aborda mínimamente” la movilidad de personas. De ahí que Madrid se marque como objetivo “un modelo más ambicioso” en línea con lo que se tiene con Noruega, que permite la libre circulación de personas, o con Suiza, que también permite esto último aunque “con un freno de emergencia en caso de movimientos desestabilizadores”.