Un momento de la operación./Foto: Interior
The Diplomat. 18/02/2017
El Consejo de Ministros aprobó ayer la extradición, a petición de las autoridades de Pekín, de 269 ciudadanos chinos acusados de delitos de estafa y que fueron detenidos en varios puntos de España en el transcurso de la denominada Operación Wall.
Según el Gobierno, los reclamados son sospechosos de pertenencia a una organización internacional de carácter criminal que basaba sus actividades en la estafa a ciudadanos residentes en China a través de medios de telecomunicaciones e Internet, si bien su centro de operaciones se encontraba ubicado en varias ciudades españolas.
Los detenidos contaban con locales y chalets en diferentes localidades desde los que iniciaron sus operaciones en marzo de 2016 mediante el establecimiento de una serie de centros de atención telefónica a través de una trama organizada y dirigida desde China.
Con estos medios y la utilización de telefonía IP (Internet) suplantaban los números de llamada de origen para identificarse como policías, fiscales o jueces chinos ante sus víctimas, a las que acusaban de algún hecho delictivo y coaccionaban para hacerles pagar una cantidad para eludir la acción de la Justicia.
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Los detenidos extorsionaban a sus víctimas chinas a las que acusaban de falsos delitos
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Para ello, obligaban a las víctimas a ingresar distintas cantidades de dinero en cuentas pertenecientes a la organización y que eran manejadas por sus líderes mediante medios financieros clandestinos para mantener la propia organización y repartir los beneficios obtenidos.
En el curso de la Operación Wall, llevada a cabo el pasado mes de diciembre conjuntamente por las policías española y china, fueron desmantelados trece centros clandestinos de estas características y se efectuaron numerosas detenciones en Madrid, Alicante, Barcelona, Málaga y Zaragoza. Según el Gobierno, se estima que hasta ese momento habían llevado a cabo un total de 839 estafas, por un valor de 120 millones de yuanes, equivalentes a más de 16 millones de euros.