Nazaret Castro
En 2006, Rafael Correa hacía historia en Ecuador al llegar al poder con Alianza País y emprender lo que llamó la Revolución Ciudadana, encaminada a establecer en este país latinoamericano un “socialismo del siglo XXI” a través de amplias reformas políticas, económicas y sociales. Correa, economista formado en Bélgica y Estados Unidos, contó con el apoyo del emergente movimiento indígena, organizado en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en un ambiente de repudio popular a las medidas de ajuste neoliberal y en un momento de generalizado ascenso en América Latina de los llamados gobiernos progresistas. Ecuador se unió a esa ola de cambio, que encontró en Ecuador, Venezuela y Bolivia, los países fundadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), el discurso más transformador.
El idilio entre Correa y los movimientos sociales tuvo su máxima expresión en la firma de la Constitución de Montecristi de 2008, que incluyó los principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay, en lengua quechua, que sintetizan una cosmovisión en la que la satisfacción de las necesidades humanas y el cuidado de la naturaleza coexisten en armonía. Además, la naturaleza es sujeto de derechos: por primera vez, una Carta Magna incluía los derechos de la naturaleza, como haría también Bolivia en su constitución de 2009.
Sin embargo, la inclusión de los derechos de la naturaleza no ha impedido que se sigan fomentando en el país los proyectos petroleros, mineros y del agronegocio que desafían las formas de vida de las comunidades indígenas y amenazan con destruir sus territorios. Para muchos, el punto de inflexión fue la iniciativa Yasuní ITT, por la que se pedía fondos a la comunidad internacional a cambio de mantener bajo tierra el petróleo cuya explotación amenazaría una de las regiones más vulnerables de la selva amazónica. En 2013, Correa desistió y responsabilizó a una comunidad internacional que no respondió a la llamada, pero los movimientos sociales recriminaron su falta de voluntad política.
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Después de una década en el poder, el presidente de Ecuador comienza a sufrir síntomas de desgaste
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Los logros sociales han sido indiscutibles. La pobreza se redujo del 36,7% de la población en 2007 al 16,45% en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y los avances fueron igualmente notables en el acceso a la salud y el sistema educativo, así como en la mejora de las infraestructuras, fundamentalmente las carreteras. Esas mejoras se lograron gracias a un rol más activo del Estado en la economía; sin embargo, pocas fueron las modificaciones en el modelo productivo, basado en la extracción y exportación de materias primas o commodities.
Durante los primeros años de Correa, los altos precios internacionales de las materias primas ofrecieron una coyuntura favorable que permitió modernizar el país y consolidar políticas para la erradicación de la pobreza. El dinero que se obtenía de la exportación de commodities se dedicó a sostener la inversión pública y a financiar las políticas asistencialistas que legitimaban el correísmo. Cuando las comunidades indígenas o grupos ecologistas como Acción Ecológica le recriminaban al Gobierno profundizar un modelo destructor del medio ambiente y de las formas de vida comunitarias, Correa les respondía que había que “salir del extractivismo con más extractivismo”; cuando arreciaron las protestas, el Presidente los calificó de “infantilistas”.
“El Gobierno hace carreteras y limpia el territorio, y lo hace con violencia. La gente ya no se cree que eso sea el desarrollo. El discurso no es tan diferente del de [el Presidente colombiano, Juan Manuel] Santos: aquello de no ser pobres sobre un saco de oro”, sostiene Esperanza Martínez, dirigente de Acción Ecológica. La apuesta por el modelo extractivo ha abierto una brecha entre Correa y una parte importante del movimiento indígena, una ruptura que se escenificó el año pasado cuando el Ejecutivo aprobó una serie de enmiendas a la Constitución; entre ellas, la habilitación de las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones de orden público. También polémica fue la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea.
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