El Ayuntamiento de Madrid quiere prescindir de agencias de calificación y auditoras.
Miguel Cifuentes. Madrid
Los nuevos ayuntamientos de izquierda están empezando a tomar medidas “ocurrentes” para ahorrar. Se plantean no gastar en servicios financieros y de auditoría, parar la construcción de hoteles y apartamentos turísticos, rescatar servicios privatizados o no pagar deudas bancarias. Las ocurrencias pueden salir muy caras.
Expertos economistas aseguran que los nuevos alcaldes progresistas pueden acabar escarmentados si juegan a salirse de las reglas del mercado, romper contratos en vigor o no respetar derechos adquiridos. “Todo esto no es gratis, perderán el crédito de los bancos y los mercados financieros, tendrán problemas para financiarse y generarán inseguridad jurídica en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. A lo mejor descubren que no se juega contra las reglas del mercado, porque te pasa factura”, dicen fuentes del Instituto de Estudios Económicos.
Algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, han decidido impedir el crecimiento de la planta hotelera. Otros, como el de Madrid, quieren prescindir de los servicios de las agencias de calificación y de las auditoras o recuperar el servicio de limpieza y los servicios funerarios. Varios municipios ponen en cuestión la legitimidad de las deudas que han heredado. Todas estas medidas tienen un argumento central: ahorrar en gastos innecesarios.
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Madrid puede perder el crédito de los bancos si prescinde de las agencias de rating
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El más beligerante es el Ayuntamiento de Madrid, que prescinde de las agencias de calificación crediticia Standard&Poor´s y Fitch y de las grandes auditoras, Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG y Ernst&Young para auditar sus empresas municipales. La decisión de la alcaldesa, Manuel Carmena, se debe a que no van a emitir más deuda y además a que van a reducir el monto actual. Madrid deberá a final de este año 5.093 millones pero seguirá siendo el ayuntamiento más endeudado de España. Las agencias ya han dicho al ayuntamiento que sin rating la deuda se encarece. Puede tener que pagar 70 millones más con solo el 1% de aumento del tipo de interés.
En el caso de las auditoras, la idea de Carmena es que las auditorías las hagan la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, entidades cuya experiencia en materia auditora es cero. El Ayuntamiento de Madrid considera que tiene motivos poderosos para ahorrar. Este año ha pagado 107.000 euros a las agencias de rating y desde 2002 han pagado más de un millón de euros. Y en el caso de las auditoras, el argumento es que son “muy caras” (sic). El Instituto de Censores Jurados de Cuentas, asociación de los auditores, cuestiona la credibilidad de unas auditorías hechas por entidades públicas sin experiencia, “a menos que se trate de otra cosa, de ser menos rigurosos con las deudas y la gestión de empresas públicas”.
La alcaldesa Carmena remunicipalizará los servicios funerarios, con el consiguiente coste, ya que tiene un accionista mayoritario, la aseguradora Mapfre, a la que tendrá que indemnizar. Pretende recuperar también servicios de limpieza pública. No descarta deshacer la venta de viviendas públicas de la Empresa Municipal de la vivienda a fondos de inversión internacionales. Todo ello tiene costes indemnizatorios.
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Muchos inversores han quitado su foco de atención de Barcelona, tras el parón hotelero
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El rosario de ayuntamientos ocurrentes es muy extenso. El de Barcelona ha decretado un año de moratoria en la ciudad para los nuevos hoteles. Se ha parado la construcción de un hotel de lujo en la Torre Agbar y otros dos proyectos de hoteles de cuatro estrellas entran en dique seco. Los fondos de inversión que apoyan estos proyectos han quitado a Barcelona de su foco inversor. Además, la alcaldesa, Ada Colau, acaba de soliviantar a los comerciantes de la ciudad al retrasar una semana el encendido de las luces navideñas, porque estiman que ello influirá negativamente en el consumo.
El nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha parado todos los proyectos urbanísticos de la alcaldesa anterior, Rita Barberá. Los alcaldes de Zaragoza y Cádiz, Pedro Santisteve y Jose Maria Gonzalez “Kichi”, respectivamente, han puesto en cuestión la legitimidad de sus deudas municipales. Piensan auditarlas y, en su caso, no pagar o renegociar las condiciones firmadas por sus antecesores. Zaragoza debe 110 millones de euros más de los que estaban en los últimos presupuestos, lo que le resulta inasumible. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha heredado 275 millones de deuda. El alcalde “Kichi” ya ha dicho que es una barbaridad. No la asumirá tal como está firmada.