The Diplomat in Spain

Fachada del Tribunal de Cuentas, en Madrid./ Foto: Luis García

Tamara Fariñas. Madrid

Tanto el departamento de Asuntos Exteriores como el resto de ministerios no salieron bien parados en el informe de fiscalización de contratos públicos de 2012 hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas, en base a los datos de decenas de expedientes y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, de los ocho expedientes facilitados por Exteriores al Tribunal de Cuentas, sólo tres han sido fiscalizados, todos ellos por importe de 8,3 millones de euros. Se trata de contrataciones llevadas a cabo en 2012, primer año de gestión del Partido Popular tras ganar las elecciones en noviembre de 2011. Pese a que el Ministerio sí cumplió sus obligaciones legales a la hora de remitir la documentación sobre las contrataciones al Tribunal, éste ha detectado numerosos defectos en el resto de fases, es decir, al analizar tanto las cláusulas, como el proceso de preparación de los contratos, aunque no en la de adjudicación, por falta de material.

El Tribunal criticó en su informe que dos de los tres contratos incluyeran una previsión que «desincentiva de manera injustificada» la presentación de ofertas bajas y que, en otro de ellos, se añadiera un aspecto que no debe valorarse en esta fase sino en la  previa de admisión a la licitación. Además, ninguno de los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) de los tres contratos contaba con fecha ni firma y los tres no tuvieron en cuenta medidas especiales para promover la igualdad entre hombres y mujeres.

[hr style=»single»]

Ninguno de los pliegos de cláusulas de los tres contratos analizados por el Tribunal llevaba firma ni fecha

[hr style=»single»]

En cuanto a los procesos de adjudicación, el Tribunal de Cuentas halló que uno de ellos se había adjudicado «mediante procedimiento negociado sin publicidad«, una manera legal por la que «por motivos técnicos, artísticos o relacionados con la protección de derechos exclusivos», sólo se pueda adjudicar a un empresario. No obstante, en el texto no se incluye ninguna acreditación que justifique que el adjudicatario era el único capaz de llevar a cabo el trabajo. Lo mismo ocurre con el segundo de los contratos analizados, que no demuestra de ninguna manera por qué se recurrió al procedimiento de urgencia para tramitarlo, un proceso que reduce los plazos de adjudicación.

Asimismo, ninguno de estos dos entregaron un informe en el que demostraran que el Ministerio no contaba con medios personales y materiales para llevar a cabo el trabajo, «requisito necesario para la celebración de un contrato de servicios». Por su parte, el tercer texto evaluado, que sí entregó dicho informe, lo hizo únicamente con un «simple cuadro de puntuaciones asignadas en cada uno de los criterios de adjudicación sin motivación», por lo que tampoco quedó justificada la necesidad de este contrato. En la última fase, de ejecución, el Tribunal no ha podido realizar evaluaciones porque «no se ha remitido la documentación acreditativa».

Similares fueron los fallos encontrados en la fiscalización de dos de los siete expedientes presentados por la Agencia Española de Cooperación e Investigación al Desarrollo (AECID), por valor de más de un millón de euros. La presencia de cláusulas que desincentivan las ofertas bajas, el incumplimiento en materia de igualdad de género o lo «excesivamente genéricos» que son algunos de los términos de las contrataciones son algunas de las críticas que el Tribunal argumentó en su informe.